Los últimos días ocurrieron en nuestro país algunos acontecimientos de importancia, en cuanto a la seguridad, tema este real pero en el cual pondremos algunas objeciones a los reclamos del común de la gente…
Al ocurrir el caso de la muerte –aparentemente pasional- del florista de la animadora de televisión Susana Giménez, la misma salió en los medios a reclamar “Pena de muerte” para todo aquel que robe y mate. Ella, si bien es una figura pública, no debe olvidar que le secuestraron un costoso vehículo ingresado al país para uso de discapacitados evadiendo al fisco, así también, no debe olvidar el problema que tuvo por las estafas con el 0800 de jugar en su programa y en el cual se vio involucrado su partenaire de turno “Corcho” Rodríguez y, consecuentemente esta Sra., por lo tanto consideramos que no tiene autoridad moral para representar al pueblo en ningún reclamo de “Justicia”. Otro que carece de autoridad moral es Juan Carlos “Título falso” Blumberg, quien fue asesor de asuntos hídricos durante la Dictadura Militar, colaborador indirecto en los 30.000 desaparecidos de nuestro país.
Entre otras cosas, el tema inseguridad –seguridad-, debe ser tomado por las astas, y para que ello tenga solución permanente, se deben solucionar las diferencias sociales que se encuentran en total desequilibrio. El Gobierno actual, si bien ha iniciado un incremento en los planes sociales, crecimiento productivo, etc. Ha hecho poco para equilibrar la balanza social y más aún en el reparto equitativo de las riquezas que es, en definitiva, lo que llevará a bajar el nivel de violencia y de delincuencia.
No aceptamos bajo ningún concepto que los delincuentes maten, pero si miramos los índices de violencia, la mayoría de las muertes ocurren por otras cuestiones ajenas al delito. La estadística indica claramente que en los hechos delictivos no ocurren tantas muertes como quieren vender los medios –cosa normal ya que viven de ello-; no obstante así sea una muerte la que ocurra durante un hecho de robo, estamos en desacuerdo con esto pero, la pena de muerte no es algo que podamos aceptar, ya que la muerte en todos sus aspectos es algo inaceptable humanamente hablando.
Nuestro país es parte de varios tratados internacionales en los cuales no se acepta la pena de muerte, tratados estos que tienen tutela constitucional –art. 75 Inciso 22 de la Constitución Nacional-, y que no pueden ser violentados en un estado de derecho.
Otro tema es la elevación de los montos de las penas y su consecuente prisionalización. Es así, debido a que la pena como ejemplificadora no tiene una función de corrección, sino que se impone como castigo, siendo contrario a lo que establece nuestra Constitución Nacional en su art. 18, porque la función de la pena debe ser impuesta en forma de correctivo y con el fin de reeducar, resocializar y reintegrar socialmente al detenido, utilizando todas las modalidades permitidas en la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad para hacerle comprender los alcances del delito cometido y sus consecuencias, lo que llevará a bajar el nivel de reincidencia.
Hoy las penas pueden ser acumuladas hasta llegar a los 50 años de prisión. Este monto no tiene ninguna función en la reintegración del detenido al seno de la sociedad de la que se encuentra excluido como consecuencia de la pena, dejando a la pena de muerte implicada directamente, debido a que considerando la edad promedio de 20 años al ser detenido, má
s cumplir 50 años de prisión, excede las expectativas de vida de cualquier ser humano, contrariando lo que ya expresamos anteriormente sobre la pena de muerte derivado de la condena, violando los preceptos constitucionales vigentes, así como los tratados internacionales que arriba mencionamos.
Sres. Ciudadanos, la delincuencia creció considerablemente en el curso de las dos últimas décadas, consecuencia directa de las políticas de hambre del gobierno de Menem y los anteriores gobernantes. El robo sistemático de los bienes del estado, la desocupación, la desidia incluso de la sociedad. Todos somos culpables de este crecimiento de la miseria, la que continúa con este gobierno y que esperamos ponernos los pantalones largos para que deje de ocurrir.
Al ocurrir el caso de la muerte –aparentemente pasional- del florista de la animadora de televisión Susana Giménez, la misma salió en los medios a reclamar “Pena de muerte” para todo aquel que robe y mate. Ella, si bien es una figura pública, no debe olvidar que le secuestraron un costoso vehículo ingresado al país para uso de discapacitados evadiendo al fisco, así también, no debe olvidar el problema que tuvo por las estafas con el 0800 de jugar en su programa y en el cual se vio involucrado su partenaire de turno “Corcho” Rodríguez y, consecuentemente esta Sra., por lo tanto consideramos que no tiene autoridad moral para representar al pueblo en ningún reclamo de “Justicia”. Otro que carece de autoridad moral es Juan Carlos “Título falso” Blumberg, quien fue asesor de asuntos hídricos durante la Dictadura Militar, colaborador indirecto en los 30.000 desaparecidos de nuestro país.
Entre otras cosas, el tema inseguridad –seguridad-, debe ser tomado por las astas, y para que ello tenga solución permanente, se deben solucionar las diferencias sociales que se encuentran en total desequilibrio. El Gobierno actual, si bien ha iniciado un incremento en los planes sociales, crecimiento productivo, etc. Ha hecho poco para equilibrar la balanza social y más aún en el reparto equitativo de las riquezas que es, en definitiva, lo que llevará a bajar el nivel de violencia y de delincuencia.
No aceptamos bajo ningún concepto que los delincuentes maten, pero si miramos los índices de violencia, la mayoría de las muertes ocurren por otras cuestiones ajenas al delito. La estadística indica claramente que en los hechos delictivos no ocurren tantas muertes como quieren vender los medios –cosa normal ya que viven de ello-; no obstante así sea una muerte la que ocurra durante un hecho de robo, estamos en desacuerdo con esto pero, la pena de muerte no es algo que podamos aceptar, ya que la muerte en todos sus aspectos es algo inaceptable humanamente hablando.
Nuestro país es parte de varios tratados internacionales en los cuales no se acepta la pena de muerte, tratados estos que tienen tutela constitucional –art. 75 Inciso 22 de la Constitución Nacional-, y que no pueden ser violentados en un estado de derecho.
Otro tema es la elevación de los montos de las penas y su consecuente prisionalización. Es así, debido a que la pena como ejemplificadora no tiene una función de corrección, sino que se impone como castigo, siendo contrario a lo que establece nuestra Constitución Nacional en su art. 18, porque la función de la pena debe ser impuesta en forma de correctivo y con el fin de reeducar, resocializar y reintegrar socialmente al detenido, utilizando todas las modalidades permitidas en la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad para hacerle comprender los alcances del delito cometido y sus consecuencias, lo que llevará a bajar el nivel de reincidencia.
Hoy las penas pueden ser acumuladas hasta llegar a los 50 años de prisión. Este monto no tiene ninguna función en la reintegración del detenido al seno de la sociedad de la que se encuentra excluido como consecuencia de la pena, dejando a la pena de muerte implicada directamente, debido a que considerando la edad promedio de 20 años al ser detenido, má
s cumplir 50 años de prisión, excede las expectativas de vida de cualquier ser humano, contrariando lo que ya expresamos anteriormente sobre la pena de muerte derivado de la condena, violando los preceptos constitucionales vigentes, así como los tratados internacionales que arriba mencionamos.Sres. Ciudadanos, la delincuencia creció considerablemente en el curso de las dos últimas décadas, consecuencia directa de las políticas de hambre del gobierno de Menem y los anteriores gobernantes. El robo sistemático de los bienes del estado, la desocupación, la desidia incluso de la sociedad. Todos somos culpables de este crecimiento de la miseria, la que continúa con este gobierno y que esperamos ponernos los pantalones largos para que deje de ocurrir.
Nota realizada por los compañeros de la Unidad 3 (rompiendo el silencio)