Una mediada que sirve de ejemplo a seguir, esta llevando adelante un compañero encarcelado en el; Establecimiento de Ejecución Penal N° 3 de San Carlos de Bariloche, dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Rio Negro. La medida consistente en una huelga de hambre, y seca, y es debido al que, el Patronato de Liberados, no cumple con las funciones que debiera. Esto ocurre con todos los patronatos de liberados a lo largo y ancho del país.
A continuación presentamos la nota que nos enviara a nuestra redacción, FM GENTE DE RADIO 90.3 mhz.
El defensor del Pueblo, Vicente Mazzaglia, está interviniendo por un preso del Penal III, que comenzó una huelga de hambre seca hasta que llegue la defensora del Pueblo, Ana Piccinini. Reclama que el Patronato de Presos y Liberados cumpla su función.
Un preso del Penal III de Bariloche comenzó una huelga de hambre seca pidiendo que se presente la Defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini. Reclama que el Patronato de Presos y Liberados no cumple su función como debiera.
Mazzaglia recibió una nota, que entregó personal policial, el 7 de septiembre, con fecha del 3, día en que habia comenzado la huelga de hambre seca. Comentó que ese día fue al penal y se entrevistó con él para comunicarle que había notificado a la defensora, a quien le compete este tema por ser de la órbita provincial. Trató de persuadirlo, a su vez, de los riesgos de una huelga seca, y habría cambiado su postura, ingiriendo líquidos.
Se trata de un preso con salidas laborales que está participando de un taller de capacitación en corte y confección y refiere que el subsidio que recibe por parte de Desarrollo Social no es suficiente para mantener a su hijo. Además reclama que el Patronato de Presos y Liberados no cumple su función y no resuelve los problemas. Afirmó que no se cumple con la ley 3228 que establece que toda sociedad del Estado que contrate mano de obra para la ejecución de obras y servicios públicos con fondos nacionales y provinciales destinados a la promoción del empleo deben contratar un porcentaje no inferior al 5 por ciento de personal de prueba del cumplimiento de una condena. El defensor expresó que hay una ordenanza, la 961 de 1999, que adhiere a esa ley. Por eso señaló trabajarán para ver si se cumple esta ordenanza.
Otro reclamo tiene que ver con que los talleres no se implementan y que los programas están desarticulados. Mazzaglia planteó "cómo se incorporan a la sociedad si no tienen posibilidades" y comentó que no es la primera queja que reciben respecto al funcionamiento del Patronato de Presos y Liberados