Pareciera que del titulo de esta nota se desprendió el razonamiento punitivo de quienes, a pesar de que ya contaban con la cárcel como castigo, añoraban los arcaicos verdugos que ocultaban sus rostros detrás de una capucha negra. Para resurgirlos mas allá del tiempo decidieron agregarle a las prisiones un componente militarizado, así fue como dentro de un tono más civilizado sustituyeron las capuchas negras por flamantes casacas grises y, de esta forma agravaron aun más los suplicios de las personas encarceladas.
En principio ofrecemos una reseña histórica, con información recogida desde la Web, que muestra cómo parieron malamente a una fuerza de seguridad que con los años se convirtió en el mecanismo más torturador y asesino de todo el país.
“El Servicio Penitenciario Federal fue “militarizado” por el primer Estatuto Penitenciario elaborado en la Secretaría de Trabajo del gobierno impuesto por el golpe de estado que asumiera el poder en el año 1943, mediante el decreto 12.351/46. Esta norma de facto creó el “estado penitenciario”, análogo al “estado militar” y al “estado policial”.
También navegando en este generoso campo virtual accedimos a más información y la brindamos para que el lector tenga un mejor panorama.
“Dicha estructura militarizada fue convertida, además, en una “fuerza de seguridad” por el art. 1 de la actual “ley” orgánica, la norma de facto 20.416 de 1973 que, en este aspecto particularmente relevante en lo que nos ocupa, continúa aplicándose cual si fuera una ley de la nación argentina.
Esta denominación jurídica, destinada a caracterizar la situación creada por el conjunto de deberes y obligaciones de los ciudadanos a quienes se asignan funciones tales, derivó en un verdadero fuero personal corporativo, similar a los privilegios nobiliarios, que llegó incluso a declarar excluidos de la justicia ordinaria a los funcionarios allí comprendidos, por una cláusula introducida en el art. 29 de la Constitución Justicialista de 1949, cláusula que sometía incluso a los civiles a dichos “tribunales” corporativos.
Subsiste en la Argentina la estructura “militarizada” de todos los Servicio Penitenciario del país en la cual los abogados y, especialmente, los médicos y demás profesionales de la salud se encuentran subordinados en grado y “asimilados” dentro del escalafón jerárquico al personal penitenciario de quien dependen todos los que tienen trato directo y cotidiano con los internos.
El efecto jurídico más importante de esta última transformación ha sido asignar a las propias autoridades penitenciarias, como “fuerza de seguridad”, el rol de auxiliar de la justicia y, consiguientemente, la función de elaborar la prevención sumaria en las causas en las que se investigan delitos de acción pública ocurridos en el ámbito carcelario, entre otros, la posible aplicación de torturas, tormentos y asesinatos cometido por ellos mismos.”
Como no todo es Internet desde Ciudad Interna aportaremos al contenido de esta nota información fidedigna que no es difundida por los medios masivos de información con la sana intención de que la sociedad, mal informada, conozca parte de los agravantes a los que se expone y hacen a que las cárceles cada vez estén mas llenas.
Pues bien, en principio vayamos al la estructura del campeón de los derechos humanos, el Estado nacional:
Como es posible que desde el Poder Legislativo nacional no hayan, en 68 años de historia, presentado ningún proyecto de ley que modifique un decreto de facto (12.351/46) impuesto por el golpe de estado que asumiera el poder en el año 1943.
Como es posible que desde el Poder Ejecutivo no agiten ninguna y siga siendo el Servicio Penitenciario la única fuerza de seguridad que no a sido “depurada”, siendo que son concientes que fueron participes necesarios de los múltiples crímenes de “Lesa humanidad” que cometió la última dictadura cívico militar dentro de las prisiones, y también son concientes de los múltiples crímenes que comete en la actualidad esta fuerza militarizada dentro de las cárceles que controlan dejando al descubierto la poca vigencia de los derechos humanos en el país y sigan siendo las prisiones de la republica argentina una vergüenza para el mundo civilizado.
Como es posibles que desde el Poder Judicial encajone la mayoría las denuncias realizada por los detenidos, familiares y organizaciones sociales, y no existan acciones legales iniciadas sobre los innumerables casos de torturas, abusos, vejaciones, tormentos y homicidios perpetrados por el personal penitenciario. No existen tampoco reclamos administrativos iniciados por los Jueces de Ejecución Penal al respecto de las condiciones de detención en las cárceles bajo su competencia.
Pues bien, para no cansar al lector dimos un panorama laig en lo que respecta a los tres poderes del estado nacional, ahora regresamos a la provincia de Santa Fe y en este caso solo abordaremos lo que respecta al Poder Ejecutivo de la provincia que en la actualidad es manejado por el gobierno socialista,
Este gobierno trajo de la mano a jóvenes y prometedores funcionario políticos para que se hagan cargo de la cartera política mas difícil de manejar, o sea, el Servicio Penitenciario Provincial. Tarea nada fácil las que le toco asumir, y mas aun con el pedido del gobernador, Hermes Binner, quien les solicito que no haya mas muertos dentro de la prisiones santafesinas.
Estos jóvenes funcionarios, la mayoría de ellos expertos en criminología y conocedores del gran problema que ocasiona el Servicio Penitenciario, a su arribo trajeron un paquete de propuestas súper progre, pero a la hora de la práctica quedaron solo en eso, EN UN PAQUETE.
Pues no pusieron el la practica nada de las promesas con la que se valieron para arribar al poder y patinaron en su arrogancia, en vez de controlar los penitenciarios, los penitenciarios los terminaron controlando a ellos, y siguieron asiendo de las suyas dentro de la prisiones. Mas aun con el aval del Director General de Institutos Penales Dr. Mariano Bufarini.
Esto trajo aparejado un conflicto interno puesto que choco deliberadamente con las propuestas garantistas, encabezada por la superestrella Enrique Font y por el cráneo intelectual Máximo Sozzo, seguidos por Leandro Corti, que fueron los que le torcieron el brazo al propio gobernador Binner cuando intentó poner al frente de la Seguridad a un policía de carrera. Pero lo que no pudieron hacer fue modificar la escrutara de los violentos de siempre y las prisiones y comisarías siguieron arrojando victimas fatales llegando al escalofriante numero 47 muertos durante esta gestión de gobierno, con esto por supuesto quedaron muy lejos del pedido de Binner, cuando les solicito que no haya mas muertes en la prisiones y muy cerca del genocidio que venimos denunciando.
De esta forma siguen los hombres muy malos controlando a hombres menos malos, torturando y asesinando a la vista de toda la sociedad argentina sin que nadie, absolutamente nadie del estado provincial y nacional haga algo para impedirlo.