Noticias de “La Cantora”
Los crímenes del SPB no paran
Nuevas denuncias contra el Servicio Penitenciario Bonaerense en el complejo de San Martín. Nada nuevo. Viejos negocios con la vida de los internos.
AW
28|05|2011
La "Matriuska Delictiva" no para en el complejo penitenciario de San Martín. A las denuncias del Secretario de Ejecución Penal de San Martín, Juan Manuel Casolati, nuevos -pero reiterados en su modalidad- delitos y violaciones a los derechos humanos se repitieron en el complejo.
Ya el matutino Tiempo Argentino en su edición del pasado domingo 22 de mayo, denunciaba el asesinato del interno Ramón Quintero en la unidad 46. Quintero recibió un facazo que lo hirió de gravedad, por parte de otro interno. En el complejo no hay ambulancias, ni enfermeros, ni médicos, ni medicamentos. La presencia de facas y la ausencia de todo lo necesario para atender a los internos son responsabilidad directa del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
El jueves 26 de mayo la Jueza de Ejecución del Tribunal Nº 1 de San Martín, Dra. María del Carmen Melluso y el mencionado Juan Manuel Casolati, volvieron a inspeccionar el complejo.
Un nuevo asesinato ocurrió, esta vez en la unidad 48. El interno Matías Vázquez Guzmán de la celda 4 del pabellón 3 murió producto de una herida de arma blanca. Una vez más la falta de ambulancias obligó a realizar el traslado al hospital Bocalandro en un vehículo particular.
En la celda 4 del pabellón 1 de la unidad 48, los internos entregaron 3 facas durante la inspección que realizaran la jueza Melluso y Secretario de ejecución Casolati, a ellos les manifestaron que las armas les habían sido provistas por agentes del SPB para que hirieran a otros internos. Las facas fueron entregadas en la UFI a cargo de la Dra. Fabiana Ruiz. Los internos manifestaron su intención de denunciar al SPB y fue labrada un acta con la presencia de los funcionarios.
El pabellón 9 de la unidad 46, que tiene una capacidad para 32; alojaba a la fecha 64 personas. Allí los internos señalaron que no recibían agua potable desde hace tres días. Recordemos que el complejo penitenciario de San Martín está construido sobre terrenos del CEAMSE y que por ese motivo las aguas de las napas están absolutamente contaminadas. Los internos están enfermos con cuadros de gastroenterocolitis y algunos tienen granos en todo el cuerpo, producto de la ingesta del agua de las canillas. Esto fue corroborado por las autoridades de la Unidad 46, por lo que desde la Defensoría General se interpuso un Habeas Corpus. Desde el SPB manifestaron que había problemas con el proveedor del agua en bidones y que era cierto que desde el lunes no había agua para repartir a los internos.
El lunes pasado un interno del pabellón 8 de la unidad 46, denunció ante la Jueza de Ejecución 1 de San Martín, que el SPB vende drogas en el penal y que como él se había negado le mandaron otros internos a lastimarlo. El denunciante aportó nombres, apellidos y cargos. Además manifestó su temor de que algo le ocurriese por lo que pidió el traslado. Así mismo aseguró que "en el pabellón 8 hay facas por todos lados". Para completarla el mismo jueves, día en que la jueza Melluso y el secretario Casolati recorrían el complejo, en horas de la mañana salió herido de gravedad otro interno que recibió un facazo en el cuello.
No mejor fue el panorama que presentaba la sección de sanidad de Unidad 46. En ella los funcionarios constataron que no había casi medicamentos de uso diario. Llamó poderosamente la atención la presencia medicamentos para cardiacos y psicotrópicos para personas con convulsiones vencidos.
Por falta de ambulancias, un detenido murió en el penal de San Martín
Ramón Quintero fue apuñalado y falleció el 18 de mayo dentro de la Unidad 46. No hay médicos ni enfermeros y trasladan a los heridos en autos modelo ’85. Los enfermos de VIH estuvieron sin tratamiento. Ni siquiera hay aspirinas.
Tiempo Argentino
27|05|2011
Nada parece haber cambiado dentro del complejo penitenciario de San Martín, donde funcionan las Unidades 46, 47 y 48. A tan solo dos meses del escándalo que se desató tras la denuncia de un preso, que contó cómo los jefes penitenciarios lo obligaban a salir a robar autos, que luego eran desarmados en los talleres de la cárcel, otro hecho desnuda la precaria situación que padecen las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires y desentraña el manejo fraudulento que hace el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de los fondos públicos.
El viernes, Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General Departamental de San Martín presentó una nueva denuncia, esta vez ante la Fiscalía Nº 1 de ese departamento judicial, para que se investigue la muerte de Ramón Quintero, ocurrida el 18 de mayo, dentro de la Unidad 46 de San Martín.
“El 18 fuimos con la jueza María Carmen Melluso, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1, para realizar una inspección de rutina. Cuando llegamos, el director de la Unidad nos contó que alrededor de las 8:30, se había producido una pelea en el pabellón 2, resultando herido el interno Quintero, quien murió en el Hospital Bocalandro”, contó Casolati.
Cuando quisieron hablar con el médico de guardia para saber más del caso, los agentes judiciales se enteraron que desde hacía varios días que no había ningún especialista en el área de sanidad, en la que sólo se encontraba el enfermero de turno, que aclaró que tampoco había medicamentos de uso general. “Hace un mes que no recibimos medicación. Ni siquiera tenemos Ibuprofeno”, confesó el auxiliar.
Durante la recorrida, Casolati y Melluso comprobaron que el preso apuñalado había sido trasladado al hospital en un auto particular, un Renault 12 modelo ’85 en condiciones precarias de mantenimiento y uso. “No había una sola ambulancia en todo el complejo, que aloja 1500 personas. Con un médico de guardia –explicó Casolati– se podría haber dado los primeros auxilios a Quintero. Esto, sumado a la falta de ambulancia y el consecuente traslado en un móvil desprovisto de las más elementales condiciones sanitarias, la falta de medicamentos y la inexistencia de botiquín para casos urgentes, bien pueden haber sido motivos suficientes para la muerte del interno.”
Además, la denuncia detalla que la ambulancia, no sólo que se encontraba en desuso desde hacía aproximadamente seis meses, sino que cuando estaba en funcionamiento, los agentes la utilizaban para trasladar a los detenidos a los tribunales.
En este sentido, las fuentes explicaron que la Unidad 48 tiene rotos los móviles de traslado y las dos camionetas. Además, el camión que utilizan los agentes es modelo ’91. Por su parte, en la Unidad 47, el móvil que se usa es una Fiat Fiorino, modelo ’91, que está en muy mal estado. “El estado de los móviles y la falta de ambulancias sirven para entender por qué terminan muriendo algunos detenidos que sufren puntazos y son trasladados en autos que no están en condiciones”, opinó Casolati.
Una semana agitada
Durante la inspección, a los oídos de Casolati y Melluso llegó una larga lista de reclamos de los detenidos, que explicaron el descontrol que reina dentro de los muros.
El lunes de la semana pasada, dos días antes de la muerte de Ramón Quintero, fue apuñalado el interno Nicolás Prunela en el salón de usos múltiples (SUM) de la Unidad 48, en horario de visitas, frente a las familias y los menores de edad. Como tampoco había médico de guardia, ni ambulancia, a Prunela lo trasladaron al Hospital de Agudos Carlos Bocalandro en un auto particular, el Fiat Duna de un guardia, de apellido Rojas.
Un día más tarde, otro interno, de apellido Angelis Díaz, también fue llevado de urgencia al centro médico, esta vez en un camión de traslado que, según los presos, se encuentra en un estado “lamentable”.
Como si todo esto fuera poco, el miércoles, a las 11:30, un agente del SPB de la Unidad 47, identificado como Manuel Ariel Aguilar, le pegó un tiro en la cara a un compañero suyo, Luis Fernando Cerda. Si bien las autoridades señalaron que se trató de un accidente, dos agentes y algunos internos dijeron que hubo una pelea. El oficial herido fue trasladado de urgencia al Hospital Bocalandro. El hecho ocurrió en el puesto de vigilancia Nº 5.
Las detenidas de los pabellones 11 y 14 de la Unidad 46, denunciaron ante la jueza Melluso, que no recibían atención médica y que no había medicamentos en la unidad. “Uno de los médicos me dijo que hace tres meses que faltan medicamentos en general. En el caso de las personas con VIH, hace un mes que tuvieron que suspender y discontinuar el suministro del cóctel”, agregó Casolati.
Las denuncias sobre maltratos, desidia y corrupción dentro del SPB no son nuevas. Tampoco es noticia el desdén con que las autoridades penitenciarias manejan las cárceles bonaerenses. Luego de la nota publicada por Tiempo Argentino en abril de este año, los jefes de la Unidad 48 fueran removidos de sus puestos. Maquillar problemas estructurales no es la solución. Se percibe que la administración de los centros de detención en la provincia de Buenos Aires no es satisfactoria. Y alguien debe responder por ello.
Desde la Agencia Rodolfo Walsh
Flexiones y apertura de nalgas como en dictadura
(AW) "La requisa íntima es vejatoria, y consiste en desnudarse adelante de terceros y tener que exponer las partes íntimas, realizando flexiones, abriéndote las nalgas", nos dice nuestra compañera Adriana Revol, en referencia a lo que sucede en las cárceles de la provincia. Y también nos recuerda que la lucha en la cárcel de Devoto hizo que la jueza Wilma López fallara contra esta práctica y obligó al Servicio Penitenciario a usar métodos alternativos en esa Unidad.
El estado, aparte de castigar brutalmente a lxs condenados, castiga también a sus familiares y amigxs. Castiga a su clase social. La persecución avanza brutalmente sobre la visita. Imponiendo procedimientos avasallantes de requisa corporal.
La requisa íntima es requisa vejatoria, y consiste en desnudarse adelante de terceros y tener que exponer las partes íntimas, realizando flexiones, abriéndote las nalgas.
De esta manera te muestran quien tiene el poder, quienes dominan y quienes son dominados. De este modo amigxs y familiares, van desistiendo de ir de visita, y las personas privadas de la libertad, van quedando cada vez más solas y aisladas, sin tener quien reclame por ellxs. Esto colabora con el aniquilamiento.
Pero otras personas, sobretodo mujeres, se van anestesiando, y toman como rutina, esta experiencia degradante, esta práctica de maltrato sistemático.
En un ínfimo porcentaje de requisas, se han encontrado drogas u otros objetos, menos del 3 %. Y esto no es negar que se entre drogas en la cárcel. Pero también hay que tener en cuenta que a lxs empleadxs (penitenciarios) no se lxs requisa. Esto también explica como pueden haber ingresado un kilo de cocaína (como se encontró en el penal de Villa María), o una botella de ginebra, entre otras varias cosas.
Con estos métodos humillantes, se pierde el derecho a la intimidad, que es uno de los pocos derechos que les queda a lxs hijxs más pobres de nuestro pueblo.
Requisa íntima, es sometimiento, nos despojan de toda dignidad.
Las requisas vejatorias, que son un maltrato físico y psicológico permanente, y están prohibidas por los tratados internacionales, y por leyes nacionales como la misma 24660, en el artículo 195.
Hay jueces de garantía que declararon a estas requisas como inconstitucionales, como es el caso de la jueza Wilma López, de Devoto, en el 2006. Lxs magistradxs ordenaron que los controles se hagan con métodos alternativos, no invasivos de la intimidad de las personas. Pero como suele suceder, el servicio penitenciario desoye, lo que algunxs pocxs jueces se atreven a manifestar en su contra.
Adriana Revol
Coodinadora Anticarcelaria