Repudio de docentes de la UBA al Servicio Penitenciario
El Director del Programa UBA XXII, educación en cárceles, y los coordinadores de las unidades académicas participantes, nos dirigimos a la comunidad con el objeto de manifestar nuestro más enérgico repudio a la campaña de (des)información originada en la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, que busca desacreditar la labor que lleva adelante la Universidad de Buenos Aires en las cárceles federales de la zona metropolitana.
Desde hace veinticinco años la comunidad universitaria desarrolla una iniciativa inédita en contextos de encierro, brindando la posibilidad a las personas privadas de su libertad de iniciar o continuar alguna de las carreras de grado ofrecidas o participar de actividades y cursos de extensión universitaria.
El Programa UBA XXII se ha convertido en referencia nacional e internacional en la materia, colabora con la posibilidad de acceder a las herramientas que sólo el conocimiento brinda, para consagrar derechos no cercenados por la pérdida de la libertad y que, a su vez, coadyuvan para reducir los conflictos que se pudiesen generar con la vuelta al medio libre.
Sabido es que en las cárceles argentinas no se cumple con el mandato de la ley, ni siquiera con lo que establece el artículo 18 de la Constitución Nacional cuando expresa que: "...Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice".
Sin embargo, en nuestras cárceles, lo único que se fomenta es la reincidencia; en ellas se producen delitos diariamente como el que las autoridades penitenciarias pretenden endilgar a la presencia de la Universidad (secuestros virtuales desde la cárcel), o como el investigado por la Justicia Federal y que produjo un allanamiento el día 2 de noviembre de 2010 en la cárcel de Villa Devoto, porque una organización dedicada al narcotráfico operaba desde el penal, hecho que en nada vincula a la Universidad y que demuestra con palmaria claridad los escasos controles de la administración penitenciaria para evitar la comisión de delitos en todos los espacios a su cargo.
Al respecto, nos vemos en la obligación de aclarar lo siguiente:
1) Si algún estudiante y/o docente de la Universidad se encuentra acusado de la comisión de un delito, deberá responder individualmente ante la justicia como corresponde. No es la UBA el órgano al que la ley otorga la posibilidad ni el deber de juzgarlo.
2) Al día de la fecha el Servicio Penitenciario Federal se ha negado a brindar los elementos que fundan su acusación, que es difundida en tiempo potencial, es decir supuesta. De esta manera, hace imposible la apertura de sumarios administrativos en la Universidad de Buenos Aires, a fin de deslindar o establecer responsabilidades y las posibles sanciones que pudiesen sobrevenir al respecto.
3) Como consecuencia de estas acusaciones vertidas en términos posibles, no de certeza, el Servicio Penitenciario Federal sin dar aviso, sin expresar fundamento alguno y rechazando el dialogo con los representantes de la Universidad, suspendió todas las actividades universitarias durante dos días, interrumpió el servicio eléctrico de las computadoras de la Facultad de Ciencias Exactas, para luego trasladar el equipamiento informático de manera inconsulta a un aula acondicionada especialmente con rejas y candados fuera del espacio universitario, alteraron el lugar físico donde se desarrollan distintas actividades extracurriculares, cursos y talleres organizados por las unidades académicas y distintas expresiones estudiantiles de la Universidad, suprimieron actividades y visitas, y se incumple la Resolución ministerial 1527/09 que establece las condiciones para acceder o permanecer a las carreras que la UBA ofrece en el marco del convenio oportunamente suscripto con el Servicio Penitenciario Federal. Durante este tiempo se produjeron distintas irregularidades, como el faltante de una computadora, traslados de estudiantes a otras unidades y de los pabellones de estudiantes a pabellones comunes, entre las más traumáticas. En este momento un grupo de estudiantes del CUD está realizando una huelga de hambre en protesta por estas medidas.
Corresponde recordar que la Universidad Pública no es "medicina" contra el delito, y que asumimos el compromiso de trabajar en las cárceles con la firme convicción que es mejor que exista educación intramuros a que no exista, que la seguridad de los establecimientos penitenciarios es exclusiva responsabilidad de los funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo Nacional y que la investigación de posibles delitos en ese contexto debe ser abordada por el Poder Judicial.
Reafirmamos nuestra voluntad para seguir desarrollando las actividades universitarias dependientes del Programa UBA XXII. Para ello solicitamos a las autoridades del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación que informen a las autoridades universitarias los fundamentos para los hechos aquí descriptos y que impongan a las autoridades penitenciarias el deber de facilitar, y no obstaculizar, el cumplimiento de los acuerdos entre ambas instituciones para poder seguir llevando adelante con normalidad, y enmarcadas en la legislación vigente, esta iniciativa educativa de la Universidad de Buenos Aires.
Leandro Halperin, Director de UBA XXII - Nair Repollo, Ciencias Exactas - Marcelo Langieri, Sociología - Estela Cammarota, Ciencias Económicas - Juan Pablo Parchuc, Letras - Elena Gomez, Abogacía - Eduardo González, Psicología - Liliana Cucut y Paola Calcagno, Ciclo Básico Común.