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Todos los años en los meses de noviembre se realiza el “Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos”, organizados por “Madres de Plaza de Mayo”, y el “Grupo Salbatabla”.
En estos encuentros participan diferentes actores estatales que desempeñan sus funciones dentro de las áreas penales, y aprovechan esta exhibición para jactarse de sus grandes logros y maravillas institucionales. Intentando venderle, no solo a la sociedad argentina, sino del mismo modo al mundo, “encierro por seguridad social”. También en esta farsas participan distintas organizaciones civiles, alguna de ellas “co participes” de este engaño que a lo único que apunta es a palear el hambre y el sufrimiento del pueblo con el encierro de pobres y excluidos.
Desde Ciudad Interna no estamos de acuerdo con estos simulacros que ya llevan nueve años de existencia y jamás arrojaron resultados positivos, prueba de ello, es el grave colapso carcelario que se registra en la región, las prisiones argentinas cada vez están peor.
Para ello queremos aportar un documento elaborado con información recogida en muchos sitios de la web y con el aporte de compañeros comprometidos, que dan cuenta de la cruda realidad en la que están inmersas las personas encarceladas a lo largo y ancho del país.
Sistema penal argentino
Las cárceles de la republica argentina constituyen una vergüenza para el mundo civilizado, en ellas, el gendarme de las injusticias, en pleno siglo XXI continua transgrediendo los más elementales derechos humanos y garantías constitucionales: Torturas, abusos, vejaciones, tormentos, asesinatos son la diaria moneda de cambio que reciben pobres y excluidos depositados en los presidios del país. Lo más grave es que el estado argentino viene llevando adelante un exterminio masivo y sistemático de seres humanos. Las deplorables situaciones en que se encuentran las personas encarceladas no es tan solo una violación total de los derechos humanos, sino que además es la concreción del delito de LESA HUMANIDAD conocido como GENOCIDIO, cuyos autores aparecen bien determinados.
La republica argentina, a pesar de que ya tiene una merecida sanción internacional por el pésimo estado de sus cárceles, no respeta los derechos humanos, y continua incurriendo en claras violaciones de los Tratados y Convenciones Internacionales al someter a la gran mayoría de las; SETENTA MIL personas encarceladas en la actualidad en todo el país, a un trato cruel e inhumano, y lo mas espantoso es que ya van más de UN MILLAR DE MUERTOS, exterminados sistemáticamente en pocos años en los centros anticonstitucionales de cautiverio, verdaderos campos de concentración.
Por lo tanto, el sistema carcelario argentino ha sido unos de los mejores exponentes mostrando a luces llenas que el aparato represivo del Estado argentino no fue desmantelado luego de la dictadura militar como intentan hacer creer los gobiernos progresistas de estos tiempos, gobiernos que sin lugar a dudas no son ningunos campeones de los derechos humanos, puesto que siguen abrazando las ideologías de los mismos genocidas y torturadores que administraban las cárceles, antes, durante y posterior a la dictadura militar.
En las cárceles de la vergüenza
El grueso de las personas encarceladas permanece alojada en condiciones extremas. Los detenidos, hombres, mujeres, jóvenes y adolescentes, viven en el hacinamiento y la miseria. Los detenidos padecen hambre, frío y carecen de los mínimos elementos de primera necesidad. No reciben asistencia médica adecuada pese a las graves enfermedades endémicas propias de la pobreza.
Se estima que alrededor del 30% de la población de las cárceles es portadora de HIV y su salud se agrava por las salvajes condiciones de vida y abandono en que se encuentran.
Las autoridades penitenciarias no distribuyen ropa, ni elementos de higiene, ni artículos de limpieza, ni medicamentos, ni material de lectura o alimentos en cantidad suficiente. Los edificios no reciben ningún tipo de mantenimiento. La mayoría de las instalaciones sanitarias no funciona.
La humanización de las cárceles y la defensa de los derechos humanos de los detenidos llevados adelante por organizaciones civiles, realmente comprometidas, comenzaron a ser considerada una desviación ideológica peligrosa para el Estado. En lugar de recibir un merecido reconocimiento estas organizaciones sociales en defensa de la dignidad humana, son acusadas de "alterar peligrosamente el orden en las cárceles". Pues, no sucede lo mismo con aquellas otras organizaciones que le son útiles al poder, y con sus actitudes serviles y silencio avalan cínicamente este accionar perverso.
Cada instancia del sistema Carcelario está diseñada para aumentar el dolor y la vergüenza:
La pena trascienden a los familiares, estos deben realizar una humillante peregrinación para lograr visitas a sus seres queridos. Las mujeres, se ven sometidas a los abusos de los guardias, a revisaciones vejatorias, a Insultos y a la extorsión constante. Se las amenaza con represalias contra sus familiares detenidos en caso de que formulen denuncias. Cada mujer es sometida a una requisa anal y vaginal por parte del personal de guardia. Sin importar la edad o la salud, deben tolerar revisaciones, manoseos y vejaciones y hacer largas filas, cargando alimentos, ropa y artículos de primera necesidad para que sus seres queridos puedan sobrevivir en la cárcel.
La mayoría de los internos no puede acceder al trabajo en los talleres de las cárceles, lo que los lleva a una inactividad peligrosa para su salud física y mental. Los que acceden al trabajo, son obligados a hacerlo en condiciones de semiesclavitud. En la provincia de Santa Fe, se les paga un salario mensual de $ 150, luego de agotadoras jornadas de trabajo, y al cabo de años de explotación en condiciones completamente en negro, puesto que no son inscriptos en ningún registros de los trabajadores, al cumplir sus condenas son arrojados a la calle, sin dinero, sin documentos, sin ropa y embrutecidos por el dolor y el sufrimiento.
Lo que reviste mayor gravedad es la indiferencia del Poder Judicial. Los Jueces, responsables ante la sociedad de la defensa de la vida y los derechos humanos, permanecen inmutables. Culpables por corrupción, inacción u omisión, por callar ante el horror, por no denunciar ni Intervenir para poner límite al accionar de los guardia cárceles y los funcionarios políticos. Los Jueces de la misma forma que rechazaban sistemáticamente los recursos de Hábeas Corpus durante la dictadura, hoy rechazan los recursos y las denuncias de los detenidos y sus familiares por la infrahumana situación carcelaria. Con esto no hacen más que alimentar el terrorismo de estado que lleva adelante el poder político, y ejecutado por uno de los brazos armados del estado. El Servicio Penitenciario.
Los Servicios Penitenciarios
Los distintos conductores del estado argentino saben perfectamente que uno de los mayores problemas en las prisiones, lo representan los Servicios Penitenciarios, ya sean provinciales o nacionales.
Sin viajar mucho en el tiempo podemos observar que muchos de sus integrantes se desempeñaron -al igual que en las restantes fuerzas armadas y de seguridad- en los Grupos de Tareas responsables de las torturas, violaciones, secuestros y asesinato. Aun así, siguen siendo la organización armada que goza de mayor impunidad en la republica argentina respecto de los crímenes cometidos, antes, durante y posterior a la dictadura militar, ya que ninguno de sus miembros ha sido condenado.
Desde su creación y a lo largo del trayecto esta institución militarizada, que fue preparada para aplicar terror y violencia, continúa poniendo en práctica sus más perversas metodologías con los seres que les encomendaron “reinsertar” a la sociedad, y esto con total impunidad. No es casual que la argentina sea uno de los cinco países en el mundo que todavía conservan una institución militarizada a cargo de las prisiones.
El nacimiento del suplicio
“El Servicio Penitenciario Federal fue “militarizado” por el primer Estatuto Penitenciario elaborado en la Secretaría de Trabajo del gobierno impuesto por el golpe de estado que asumiera el poder en el año 1943, mediante el decreto 12.351/46. Esta norma de facto creó el “estado penitenciario”, análogo al “estado militar” y al “estado policial”.
Esta denominación jurídica, destinada a caracterizar la situación creada por el conjunto de deberes y obligaciones de los ciudadanos a quienes se asignan funciones tales, derivó en un verdadero fuero personal corporativo, similar a los privilegios nobiliarios, que llegó incluso a declarar excluidos de la justicia ordinaria a los funcionarios allí comprendidos, por una cláusula introducida en el art. 29 de la Constitución Justicialista de 1949, cláusula que sometía incluso a los civiles a dichos “tribunales” corporativos.
Subsiste en la Argentina la estructura “militarizada” del Servicio Penitenciario Federal, en la cual los abogados y, especialmente, los médicos y demás profesionales de la salud se encuentran subordinados en grado y “asimilados” dentro del escalafón jerárquico al personal penitenciario de quien dependen todos los que tienen trato directo y cotidiano con los internos.
Dicha estructura militarizada fue convertida, además, en una “fuerza de seguridad” por el art. 1 de la actual “ley” orgánica, la norma de facto 20.416 de 1973 que, en este aspecto particularmente relevante en lo que nos ocupa, continúa aplicándose cual si fuera una ley de la nación argentina.
El efecto jurídico más importante de esta última transformación ha sido asignar a las propias autoridades penitenciarias, como “fuerza de seguridad”, el rol de auxiliar de la justicia y, consiguientemente, la función de elaborar la prevención sumaria en las causas en las que se investigan delitos de acción pública ocurridos en el ámbito carcelario, entre otros, la posible aplicación de torturas, tormentos y asesinatos.