domingo, 26 de junio de 2011

Niños y adolecentes en estado de cárcel



ESTAS SON ALGUNAS DE LAS SITUACIONES DE NUESTROS NIÑOS Y ADOLESCENTES, QUE ESTÁN PRIVADOS DE SU LIBERTAD.

Lanús, 18 de junio de 2011

Mi nombre es Héctor Marrese, soy docente jubilado y realizo ad-honorem un “taller de radio” con los jóvenes del “Centro de Máxima Seguridad Virrey del Pino” de La Matanza.

El viernes 3 de junio, le envié al Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Profesor Mario Oporto, la siguiente carta documento: “Informo a Ud. que los jóvenes recluidos en el Centro de Máxima Seguridad Virrey del Pino de La Matanza, no están a la fecha con la escolarización obligatoria. Considero dicha situación sumamente irregular, producto de la desidia burocrática que, en este caso, se convierte en una política criminal ya que sus efectos son peores que los actos que dichos jóvenes pudieron haber cometido.

Si en 48 hs. No existe de su parte una respuesta a este problema, denunciaré esta situación a todos los medios a los que pueda llegar: radiales, escritos y televisivos, reservándome el derecho de iniciar acciones judiciales por incumplimiento de los deberes de funcionario público” (siguen todos mis datos personales)

Al día de la fecha (18/6/11) no se ha solucionado el problema y los jóvenes sufren diariamente en carne propia esta política. Ante esta situación, en horas de la mañana, le envié la siguiente carta documento al Señor Gobernador de la Provincia de Bs. As. D. Daniel Scioli:
“Informo a Ud. que por carta documento nº 10788287 (de fecha 3/6/11) informé e intimé, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al Director General de Cultura y Educación, Profesor Mario Oporto, debido a que los jóvenes recluidos en el Centro de Máxima Seguridad Virrey del Pino de La Matanza, se encuentran sin la escolarización obligatoria. Le informo que a la fecha (18/6/11) la situación no se ha modificado lo que significa no ya desidia burocrática sino una política criminal para con los jóvenes del mencionado Centro. Hago a Ud. responsable por la inacción de su subordinado y me reservo el derecho de iniciarle acciones legales por la misma causa” (siguen todos mis datos personales)

Esta seguramente es una de las tantas historias que viven los jóvenes a los que la sociedad les debe la mayor atención y un Estado indolente, que ve a estos jóvenes como un “descarte”, le aplica estas políticas de “seguridad”

Para mayor información:

http://anticarcelaria.blogspot.com/

domingo, 19 de junio de 2011

Violencia Institucional en Tucuman




Comunicado de O-IRSE. (Observatorio de los Derechos Humanos del Instituto de Rehabilitacion Santa Ester)

La Directora de la carcel de mujeres, Silvana Martinez de Guaraz impidió el acceso a la carcel de dos abogadas de la Procuracion Penitenciaria de la Nación. Se trata de las Dras. Paula Ossietisnky y Maria Santos, quienes disertarán esta tarde en el colegio de abogados sobre "Situación de las Cárceles en Argentina" y "Mujeres en Prisión". La procuración penitenciaria es un equivalente al defensor del pueblo, de la población penitenciaria federal. Las funcionarias están habilitadas a visitar cualquier establecimiento donde se aloje a presos federales. En Tucumán los presos por delitos federales están en carceles de la provincia. Repudiamos el autoritarismo y la incompetencia demostrada una vez más por una gestión penitenciaria que prohibe obras de teatro, obstaculiza la salida de las detenidas con permisos judiciales, no garantiza el ejercicio de los derechos de los niños alojados en cárceles y ahora impide el paso de las abogadas de la Nación.


viernes, 17 de junio de 2011

Torturas sistemáticas en la cárcel de Almafuerte


Desde la Agencia Rodolfo Walsh


(AW Grave denuncia del abogado mendocino que defiende a los pibes señalados por el servicio penitenciario como "quienes habrían entregado el celular con las filmaciones a los abogados de derechos humanos". Se refiere a los hechos, ampliamente difundidos , en febrero pasado, cuando se vio el video de los tormentos aplicados por los uniformados a chicos indefensos. Afortunadamente, el 1°Juzgado de Garantías falló a favor de Andrés Yacante y Matías Tello Sánchez, ambos menores adultos (de 18 a 21 años). Lo que sigue, es parte del calvario vivido por los jóvenes.


Estas personas, desde que se dieron a conocer los videos de Torturas en el Complejo de San Felipe, Mendoza, fueron señalados por personal penitenciario como quienes habrían entregado el celular con las filmaciones a los abogados de derechos humanos. Ellos jamás han reconocido esto y se han negado a declarar en el expediente de Torturas que se tramita en la Unidad Fiscal Especial por falta de garantías a sus personas.

En primer momento se los aisló de la población penitenciaria, junto a Walter Correa, una de las personas que aparece en los videos siendo torturada y ello trajo como agravante las amenazas que se les hacía especialmente de noche por personal penitenciario.

Luego se hicieron gestiones directas con el entonces Ministro de Gobierno, Mario Adaro para que se los trasladara a Tunuyán, donde fueron llevados luego que se acondicionara el lugar. Sin ninguna razón luego de casi 15 días fueron trasladados a San Felipe de nuevamente, donde denunciaron golpes y roturas de elementos y se interpuso un habeas corpus en el Juzgado del Dr Crivelli, 2°Juzgado de Garantías.

Nuevamente se los traslada a Almafuerte, teniendo en cuenta que son personas menores de 21 años y están procesados. Durante su estadía, Ricardo Tello, padre de Matías Tello concurrió a la Dirección de Derechos Humanos para solicitar el traslado a San Felipe.

El viernes 10 de Junio se interpuso el Habeas Corpus donde describen lo que vivieron esos 45 días, cuando la dirección del penal estaba en manos de Sarmiento:

1) 22 horas de encierro2) Sin agua caliente.3)Comida fría y sin elementos para comer.4)Golpizas reiteradas por el grupo de requisa.5) Entre las técnicas están las de hacer "trencito" y casi desnudos con los demás internos introducidos en las garitas.6) Amenazas por los videos. 7) Mezcla con internos condenados y mayores.8)Les echaban gas pimienta en las requisas. 9) En una de las requisas estaba presente un médico de la institución. 10)Denunciaron que se subían en la espalda de los detenidos y les pegaban en las costillas. 11) Denunciaron el riesgo de sus vidas si permanecían en Almafuerte.
El Juez Ariel Spektor hizo lugar al habeas corpus y ordeno el traslado de los internos a San Felipe, notificó a la Cárcel de Almafuerte por el tema de encierro prolongado y ha ordenado una investigación penal por las torturas que queda bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Luján.
El habeas corpus y sus declaraciones, como la resolución será remitidas a Amnesty International, el Relator contra la Tortura de ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, donde se han solicitado las medidas cautelares.

Atte. Carlos Varela Alvarez
Capitán de Fragata Moyano 165 Bº Bombal
CP 5500 Mendoza- Argentina
Tel/fax  54 (0) 261 4248756 
Movil 155 754701

jueves, 16 de junio de 2011

HAY UNA GUERRA:


SOBRE LOS MUERTOS DEL BORDA.

Hace algunas semanas en la cárcel manicomio ubicada en los predios del Borda un incendio, produjo la muerte de dos seres humanos que se encontraban alojados en los llamados “buzones”. Lugares a donde las personas que ingresan como “presos” van a dar para ser “observadas” por el personal psiquiátrico y “vigiladas” por los penitenciarios. Porque en una cárcel manicomio se trata de sobrevivir a dos lógicas de horror: la de la policía y la de la psiquiatría. Aunque la Ley prohíbe la reclusión en cárceles a personas con padecimientos mentales; ahí son depositadas desnudas. En un recinto donde se convive con los propios excrementos; sólo un colchón y las duchas de agua helada dos veces al día. Donde no entra siquiera un rayo de sol, donde se pierde además de la noción del tiempo y del espacio la dignidad de la vida. En ese receptáculo se camina describiendo siempre el mismo recorrido, se escuchan gritos sin saber a quién pertenecen, se come con las manos o con la boca, se hace al hombre lo más parecido a una fiera. Para luego domarlo con golpes o con medicación, según sea el poder que intervenga. En ese sitio de espanto han muerto dos personas, seguramente asfixiadas, en pavorosa continuidad con los presos de los campos de exterminio. Unidad 20 ó lo que queda de Auschwitz, de la Perla , el Olimpo, el Vesubio...

En lugar de pensar para estos “anormales” un proyecto de cura, se los encierra como peligrosos obligándolos a cumplir una pena. El delito: haber hecho estallar en esas supuestas insanías las perversiones de un sistema que trabaja para destruir cualquier posibilidad de miramiento humano; “vidas desnudas” al servicio de una guerra civil legalizada, donde el totalitarismo de las democracias se sirve de la ley para abandonar las vidas al poder mortífero del estado, donde la “enfermedad mental” y la pobreza se vuelven un resorte aprovechable para la perpetuación de exclusiones aberrantes.

Afuera, en el hospital Borda, también mueren otras personas. Mueren de pobres. De frío - hace más de dos meses que en el hospicio no hay gas-; de tristeza o atragantados con una miga de pan. Porque el negocio de Macri para privatizar la Salud Mental no ha dejado siquiera agua para “pasar” la pastilla. Otros ahogos, otras asfixias, la misma guerra.

Pareciera que cuando la maquinaria anestesiante del consumo se extingue, y la institución escuela se desfonda, y cuando el hospital no da a basto con tanta enfermedad organizada, ni los institutos de menores, ni la mendicidad ya. Cuando todas estas fabulaciones y otras de segregación, disciplinamiento y control social se agotan, entonces, el sistema, todavía tiene otras formas aberrantes de “hacer algo” con los pobres: enloquecerlos para encerrarlos, inyectarlos, maniatarlos, torturarlos o volverlos presos de una interna entre la medicina y el poder penitenciario, o entre el gobierno de la ciudad y el de Nación. En medio la invisibilización, el abandono, la muerte de seres humanos.


sábado, 11 de junio de 2011

NARCOPENITENCIARIOS Y POLINARCOS.





NARCOPENITENCIARIOS Y POLINARCOS.

Hace unos días, se descubrieron más de dos toneladas de marihuana (2.370 kilos) en el interior de un camión del servicio penitenciario. Detuvieron a los dos choferes, de bajo rango, que de inmediato llamaron a su superior. Porque, como dijo uno de los investigadores judiciales: “Si creemos que dos choferes pueden moverse en un camión oficial con dos toneladas de marihuana sin ningún tipo de protección. Volvimos a creer en los reyes magos”.

Está probado que el camión en cuestión realizó por lo menos seis viajes transportando grandes cantidades de drogas desde Misiones a Buenos Aires.
La misma semana, en Salta, unos policías que estaban haciendo control vial vieron llegar dos autos. Mientras el primero se detuvo y ostensiblemente sus ocupantes intentaron distraer a los policías, el otro auto giró en redondo y fugó del lugar. Pero tuvo un inconveniente mecánico y los policías, alertados por la maniobra, lo alcanzaron. La sorpresa (para ellos) fue que el conductor y dueño del auto era el comisario Carlos Gallardo, jefe de Inteligencia Criminal de Tartagal, que intentó descartar 50 kilos de cocaína que llevaba en dos mochilas. Los cómplices del primer auto aprovecharon a escapar mientras arrestaban a Gallardo.

Como decimos siempre, y se empeñan en demostrar a diario, no hace falta ser muy vivo para darse cuenta quién dirige y protagoniza el crimen organizado del narcotráfico en Argentina.


EN EL BORDA NOS DAN LA RAZÓN.

La semana pasada, dos presos murieron en un incendio en la Unidad Penitenciaria 20 que funciona anexa al Hospital Borda de Barracas y otro resultó herido. La causa judicial está dando vueltas por tribunales, ya que ninguno de los dos juzgados de turno (el que correspondía a la comisaría de la zona, y el que estaba de guardia con el servicio penitenciario) se quiere hacer cargo de investigar el hecho. Y se lavan las manos, total los muertos son dos presos y encima loquitos.

Por supuesto, el gobierno nacional y el de la ciudad compitieron para echarse la culpa unos a otros, ya que el hospital es municipal, pero la Unidad 20 depende del servicio penitenciario federal. En definitiva, ambos mataron.

Y nos matan, desde el estado, una persona por día. La mitad, son los pibes pobres fusilados en las calles y los barrios. Casi la otra mitad, son muertos en lugares de detención (comisarí¬as, institutos de menores, y cárceles). Después del gatillo fácil, estar preso es la principal causa de muerte a manos del estado. Sólo en la cárcel de Coronda, por ejemplo, murieron 114 presos de forma violenta en los últimos 10 años.
Esas muertes, son presentadas como inverosímiles suicidios o incendios donde los candados se ponen una vez que el fuego estalló, como en Magdalena; o son ejecuciones hechas por "soldados", los presos reclutados por el servicio, que salen a robar para ellos, que manejan el negocio de la droga, y que matan también cuando se les ordena, para que esas muertes figuren en las estadí¬sticas como “peleas entre presos”.

Los asesinatos en las cárceles son una tuerca más del engranaje represivo estatal. No es posible imaginar un sistema carcelario diferente dentro del orden burgués, ni pueden hacer diferencia real un par de propuestas reformistas “humanitarias”, como intentan lograr, y a veces consiguen, de muy buena fe, los compañeros que se dedican al trabajo asistencial en las cárceles.

No hay solución alguna al "problema carcelario" en este marco, como no lo hay para el gatillo fácil, las torturas, la persecución polí¬tica y el resto de los problemas de la clase trabajadora. Mientras vivamos en una sociedad de opresores y oprimidos, pensar en “reformas democráticas” es estéril.

En el Borda murieron dos presos en un incendio cuyas causas dormirán el sueño de los injustos en algún juzgado, mientras el gobierno jamás será declarado culpable. En el Borda hay "locos" en manos de Macri y "locos y presos" en manos del SPF de Cristina Fernández, que sufren las condiciones de encierro y mueren. En el Borda hay abandono y negocios del estado.
En el Borda, nos dan la razón.


viernes, 10 de junio de 2011

Repudio al jefe de asesinos y torturadores Marambio Avaría



(AW)Sumamos con toda energía nuestro rechazo a que Alejandro Marambio Avaría realice, hoy a las 21, una charlatanería “sobre cárceles” en la Facultad de Ciencias Sociales. Este personaje, fue titular del Servicio Penitenciario Federal, desde mediados de 2007 hasta hace unos pocos meses. Cientos de seres humanos fueron asesinados durante su gestión, miles de presos y cautivas fueron sometidos a tormentos, y todas sus familias al verdugueo y la humillación. Su encarnizamiento llevó al suicidio real o perpetrados por sus subordinados a decenas de compañeros/as. Organismos de derechos humanos que nunca habían perdido su visita a los seres humanos privados de libertad, en la constitucionalidad, no pudieron ingresar durante meses cuando el dirigía los campos de concentración, bajo la protección de Aníbal Fernández y el Estado. Por otra parte, una simple investigación daría cuenta de su enriquecimiento ilícito ¿Qué dirá Marambio hoy? ¿Explicará como apalear hasta la muerte? ¿Relatará cómo los hombres bajo su mando introducían bastones en el ano de los presos? ¿Dirá cómo se obligaban a las mujeres a hacer flexiones desnudas como era la práctica dictatorial? ¿Expondrá cómo ascendió a corruptos denunciados hasta por hombres de su propia fuerza?¿Detallará como fue la conspiración para asesinar al Procurador Francisco Mugñolo y al abogado Ariel Cejas, según lo declararon 4 presos en sede judicial, luego de arrepentirse por miedo a ser “limpiados”? ¿O tal vez, contará como avasalló el Centro Universitario Devoto en el peor ataque sufrido por estos estudiantes en 25 años? Precisamente, desde el CUD los compañeros Rodolfo Rodríguez y Maximiliano Zevallos, entre otros, emitieron el siguiente comunicado de repudio que hacemos nuestro en toda su extensión.

Oscar Castelnovo
Agencia Walsh y AgruPasión Para la Libertad

A quien corresponda:

Enterados de la programación de una charla que realizaría Alejandro Marambio en la sede de Constitución de nuestra querida Facultad de Ciencias Sociales, los estudiantes universitarios de Sociales en situación de encierro que integramos el Centro Universitario Devoto expresamos nuestro más enérgico repudio a la actitud de la autoridad universitaria que haya autorizado dicho evento, y solicitamos la adhesión en tal sentido de l@s compañer@s estudiantes, docentes, trabajador@s no docentes y autoridades de todas las Carreras que se dictan en nuestra Facultad.
Marambio es, para quien quiera verlo, el representante del sector más retrógrado y anti vida que se puede encontrar dentro de las filas del Ministerio de Justicia de la Nación, lo cual es ya mucho decir.
Marambio ha sido el Director Nacional del Servcicio Penitenciario Federal durante algo más de tres años. En ese lapso implementó las políticas más crueles, inhumanas y degradantes que tengamos memoria quienes transitamos las cárceles federales.

Marambio encabezó, en ese contexto, el ataque más virulento y fachista que haya sufrido el Programa UBA XXII (Educación Universitaria en cárceles) en sus veinticinco años de existencia, atropellando la autogestión estudiantil y la autonomía universitaria en el Centro Universitario Devoto mediante una operación de inteligencia que dejó al CUD con menos de la mitad de sus alumnos pero que, paradójicamente, permitió la unidad de los Consejos Directivos de nuestra Facultad y de las otras unidades académicas que integran el Programa UBA XXII, así como el pronunciamiento unánime del Consejo Superior de la UBA en contra de tal salvajada.

Durante la gestión de Marambio l@s compañer@s docentes universitari@s y estudiant@s del medio libre que concurren al CUD periódicamente fueron puestos bajo sospecha e infamados mediante comunicados de prensa oficiales desde el SPF.

Hay mucho más para decir acerca de este personaje, pero estimamos que no amerita la extensión argumentativa en esta nota. Lo que sí corresponde, es dejar claramente manifiesto que nadie puede ignorar en el ámbito de nuestra Facultad la gravedad que significa habilitar un espacio como el universitario, que es nuestra casa, para que un fachista de la calaña de Marambio despliegue su punto de vista.

Los presos debemos, por fuerza, dormir cada noche con el enemigo. Pero honramos la dignidad de combatirlo cada día.
Esperamos que las autoridades de nuestra Facultad hagan lo mismo.
Exigimos a las autoridades de nuestra Facultad de Ciencias Sociales revisen la autorización que habilitó la charla en cuestión y en consecuencia, la revoquen definitivamente.

Exigimos que se tomen las medidas que correspondan con quien sea que haya aprobado tal autorización.
Asimismo, reiteramos nuestra solicitud de adhesión en tal sentido de l@s compañer@s estudiantes, docentes, trabajador@s no docentes y autoridades de todas las Carreras que se dictan en nuestra Facultad.
Por la autogestión estudiantil, la autonomía universitaria y por la libertad de pensamiento.

Rodolfo Rodríguez.
Coordinador Interno de la Carrera de Sociología en el Centro Universitario Devoto. Representante de los estudiantes de Sociología privados de libertad ante el CECSo y la FUBA
Maximiliano Zevallos
Coordinador Interno del Proyecto Ave Fénix, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Carrera de Trabajo Social
Adhieren: Estudiantes privados de libertad de las Carreras de Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias Económicas y Psicología en el Centro Universitario Devoto.

ENFOQUES


¿De qué hablamos cuando hablamos de motines?

(AW) Una abogada del Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos relata las tremendas condiciones de "vida" en la cárcel mendocina de Cacheuta, adonde llaman "motín" al pedido de derechos. En parte de su escrito de reclamos los compañeros, sometidos a una brutal destrucción humana, pedían que "se cumplan las leyes, y que, si eso no es posible, que los condenen a pena de muerte".


Durante dos días, todos los medios de comunicación de nuestro país hablaron de un "motín" en la cárcel Almafuerte, ubicada en Campo Cacheuta, al pie de la Cordillera de los Andes. Se describió a los presos que lideraban ese presunto motín como muy peligrosos, que habría un muerto, que querían fugarse, que la situación era dramática y con riesgo de vida para los rehenes penitenciarios.

El 6 de noviembre de 2009 estuve en esa cárcel, para entrevistar a dos de los tres jóvenes condenados a prisión perpetua por delitos cometidos antes de los 18 años de edad por la Cámara Penal de Menores de Mendoza. El tercero, Ricardo Vidal Videla Fernández, no sobrevivió a los rigores de la otra gran cárcel mendocina: la Penitenciaría ubicada en la calle Boulogne Sur Mer, pleno barrio residencial de la Ciudad Capital. Allí apareció colgado el 21 de junio de 2005, en una celda de castigo. En la Penitenciaría de Boulogne Sur Mer, las condiciones de vida eran insoportables. Había hacinamiento, malos tratos, encierros prolongados en celdas para una persona donde se apiñaban cuatro. "Encierro prolongado" quiere decir que un preso está con otros tres en un lugar mínimo, donde se acumulan bolsas de orín y latas con materia fecal, porque ni siquiera los sacan para hacer sus necesidades. Una semana antes de aparecer colgado con su cinturón, Ricardo Videla salió como una sombra de una de esas celdas de castigo, donde estaba mezclado con presos adultos, cumpliendo una sanción. Lloró, y pidió que se lo sacara de allí. Pero lo pusieron en otro lugar donde las condiciones de vida eran iguales: encierro dentro del encierro. Y se mató, o lo condujeron a la muerte. Ese 6 de noviembre de 2009, luego de llegar a la Cárcel de Almafuerte -escondida, aislada, lejana, fría-, entrevisté a Cristián Saúl Roldán Cajal, cuyo caso se encuentra denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2002.

Cristián contó cómo se vivía en esa cárcel inaugurada oficialmente el 28 de setiembre de 2007 por el entonces gobernador Julio Cobos, hoy vicepresidente opositor, y el entonces Ministro de Justicia de la Nación, Alberto Iribarne, hoy apoderado del peronismo federal.

"Acá no te dan nada: elementos de higiene, ropa, zapatillas, camperas. Hace mucho más frío adentro de las celdas que afuera. La calefacción está rota. (La comida) es un régimen para no bajar ni subir de peso. No puedo hacer deportes porque no como bien, no puedo gastar nada de energía. No estoy haciendo ninguna actividad. Quisiera ver al psicólogo, lo pedí, pero no me atienden".

Contó también que lo visitaban su madre y una chica. Pero cada viaje costaba cincuenta pesos. La cárcel de Cacheuta está a unos 50 kilómetros de la ciudad de Mendoza, al costado de la ruta 7, en dirección hacia la Cordillera de los Andes.

Entonces, contaba Cristian, era mejor estar en la Penitenciaría, a pesar del hacinamiento, los malos olores, los encierros: "Ayer me negaron el traslado a Boulogne Sur Mer, yo pedí ir allí por mi familia. Allá mi mamá puede venir a verme caminando. Yo prefiero mil veces vivir allá"

Recordaba esto cuando leía y escuchaba hablar de motines, fugas y presos peligrosos.

Hoy pude leer el "pliego de peticiones"" de los presos de la Cárcel de Cacheuta, en el que piden, ni más ni menos, que se cumplan las leyes, y que, si eso no es posible, que los condenen a pena de muerte, antes de sufrir una muerte cotidiana.

Y, al leerlo, confirmé la impresión que me había quedado luego de aquella visita: no hay justificación posible a la decisión de esconder a los presos como si fueran basura. Ese es el único sentido que tiene una cárcel como la de Cacheuta: destruir seres humanos. Tanto, que desean volver a otros infiernos, donde, al menos, sus familiares puedan llegar caminando a la visita.


Claudia Cesaroni

Autora de "La vida como castigo. Los casos de adolescentes condenados a prisión perpetua en la Argentina"

Integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) www.cepoc.org.ar

VER las Peticiones de las personas privadas de libertad en la cárcel Almafuerte, Mendoza, Argentina


 

miércoles, 1 de junio de 2011

Sistema Penal_Instrumento de Control Social


Hablar del sistema penal
implica directamente hablar del poder.

A diario podemos observar a través de los distintos medios masivos de difusión como son exacerbados hasta el cansancio algunos delitos menores perpetrados contra la propiedad privada. No negamos la presencia de algunos de estos delitos, ni la existencia de hechos protagonizados por sujetos enfermos, los cuales, son repudiados hasta por las mismas personas que se encuentran en estado de cárcel, pero vemos como de esta forma el poder domínate instala una psicosis colectiva dentro de la sociedad, que desinformada, y ya presa del pánico, se dispone a aceptar cualquier oferta de protección, provenga de donde provenga. Estos métodos, que no son nada nuevos, les dieron desde sus comienzos excelentes resultados a las distintas familias mafiosas que operaban y operan en el mundo entero.

No existen en la Argentina leyes que dejen en prisión a los verdaderos delincuentes, sin ir muy lejos notamos como los grandes delitos económicos, de los que sobran ejemplos, gozan de total impunidad. En los contados casos que el poder judicial intervenga en estos hechos, tiene preparado para los saqueadores que los cometen las excarcelaciones, y así, ellos no ponen un solo pie en las prisiones.
También sobran los ejemplos de los grades estafadores políticos que se valen de falsas promesas de cambio para arribar al poder, y a la hora de salir, percibimos como aumentaron sus capitales personales y no cumplieron ni con la mitad de lo que prometieron. Tampoco existen leyes que los condenen. Para ellos no existe el rigor de la ley como existe para quines, y por así decirlo, en la desesperación se robaron una gallina, una gallina, que la termina pagando con largo años de cárcel, y muchas veces, con la vida misma.

El Estado no esta dispuesto a brindar soluciones profundas porque eso implicaría una reforma radical del sistema penal. Solo daremos algunos ejemplos: ¿Quién se atrevería a perder el gran negocio económico que representan las setenta mil personas encarceladas?...cuando cada una de ellas, y manejando cifras bajas, les salen al bolsillo de los contribuyentes mas de cuatro mil pesos, que sumado, dan la extraordinaria cifra de: doscientos ochenta millones de pesos, que recauda el Estado por mes. ¿Quién se atrevería a perder el gran negocio político que representa la cárcel como instrumento de control social?. ¿Quién se atrevería a jugársela políticamente desde el poder legislativo modificando el código penal y tocar al poder judicial, removiendo la gran corporación mafiosa de jueces que hay perpetrados en el?. ¿Quién se atrevería desde el poder ejecutivo a desmilitarizar las instituciones penales, abolir los introvertidos Organismos Criminológicos, y a modificar las estructuras edilicias de las cárceles?. Esto no solo implicaría enormes costos políticos, sino además cifras muchas veces millonarias que nadie está dispuesto, a perder, ni a gastar.

Es por esto y mucho más que la única respuesta que le brindan desde el poder a la sociedad es vender encierro por seguridad social, en cuyo eje central figura la cárcel, y en ella, no hay ricos, solo se pudren y mueren quienes el Estado excluyo aún antes de haber nacido. Niños, jóvenes, adultos y ancianos, que en muchos de los casos fueron empujados a cometer delitos menores, son la materia prima que hacer rotar los engranajes del perverso sistema penal argentino.

Lamentablemente no son tiempos de lograr una solución inmediata, esto solo lo podría generar una revolución popular que elimine hasta los cimientos este sistema inhumano. Pero en el mientras tanto, sin abandonar una postura abolicionista, ni abrazar actitudes reformistas, tenemos que pensar en las setenta mil almas que se encuentran en estado de cárcel y en propuestas concretas, que anulen el gran encierro, humanicen las condiciones de detención y, contrarresten el gran genocidio del pueblo argentino que se viene llevando adelante en las prisiones de la región.




Noticias de “La Cantora”

Los crímenes del SPB no paran

Nuevas denuncias contra el Servicio Penitenciario Bonaerense en el complejo de San Martín. Nada nuevo. Viejos negocios con la vida de los internos.

AW

28|05|2011

La "Matriuska Delictiva" no para en el complejo penitenciario de San Martín. A las denuncias del Secretario de Ejecución Penal de San Martín, Juan Manuel Casolati, nuevos -pero reiterados en su modalidad- delitos y violaciones a los derechos humanos se repitieron en el complejo.

Ya el matutino Tiempo Argentino en su edición del pasado domingo 22 de mayo, denunciaba el asesinato del interno Ramón Quintero en la unidad 46. Quintero recibió un facazo que lo hirió de gravedad, por parte de otro interno. En el complejo no hay ambulancias, ni enfermeros, ni médicos, ni medicamentos. La presencia de facas y la ausencia de todo lo necesario para atender a los internos son responsabilidad directa del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El jueves 26 de mayo la Jueza de Ejecución del Tribunal Nº 1 de San Martín, Dra. María del Carmen Melluso y el mencionado Juan Manuel Casolati, volvieron a inspeccionar el complejo.
Un nuevo asesinato ocurrió, esta vez en la unidad 48. El interno Matías Vázquez Guzmán de la celda 4 del pabellón 3 murió producto de una herida de arma blanca. Una vez más la falta de ambulancias obligó a realizar el traslado al hospital Bocalandro en un vehículo particular.

En la celda 4 del pabellón 1 de la unidad 48, los internos entregaron 3 facas durante la inspección que realizaran la jueza Melluso y Secretario de ejecución Casolati, a ellos les manifestaron que las armas les habían sido provistas por agentes del SPB para que hirieran a otros internos. Las facas fueron entregadas en la UFI a cargo de la Dra. Fabiana Ruiz. Los internos manifestaron su intención de denunciar al SPB y fue labrada un acta con la presencia de los funcionarios.

El pabellón 9 de la unidad 46, que tiene una capacidad para 32; alojaba a la fecha 64 personas. Allí los internos señalaron que no recibían agua potable desde hace tres días. Recordemos que el complejo penitenciario de San Martín está construido sobre terrenos del CEAMSE y que por ese motivo las aguas de las napas están absolutamente contaminadas. Los internos están enfermos con cuadros de gastroenterocolitis y algunos tienen granos en todo el cuerpo, producto de la ingesta del agua de las canillas. Esto fue corroborado por las autoridades de la Unidad 46, por lo que desde la Defensoría General se interpuso un Habeas Corpus. Desde el SPB manifestaron que había problemas con el proveedor del agua en bidones y que era cierto que desde el lunes no había agua para repartir a los internos.

El lunes pasado un interno del pabellón 8 de la unidad 46, denunció ante la Jueza de Ejecución 1 de San Martín, que el SPB vende drogas en el penal y que como él se había negado le mandaron otros internos a lastimarlo. El denunciante aportó nombres, apellidos y cargos. Además manifestó su temor de que algo le ocurriese por lo que pidió el traslado. Así mismo aseguró que "en el pabellón 8 hay facas por todos lados". Para completarla el mismo jueves, día en que la jueza Melluso y el secretario Casolati recorrían el complejo, en horas de la mañana salió herido de gravedad otro interno que recibió un facazo en el cuello.

No mejor fue el panorama que presentaba la sección de sanidad de Unidad 46. En ella los funcionarios constataron que no había casi medicamentos de uso diario. Llamó poderosamente la atención la presencia medicamentos para cardiacos y psicotrópicos para personas con convulsiones vencidos.



Por falta de ambulancias, un detenido murió en el penal de San Martín


Ramón Quintero fue apuñalado y falleció el 18 de mayo dentro de la Unidad 46. No hay médicos ni enfermeros y trasladan a los heridos en autos modelo ’85. Los enfermos de VIH estuvieron sin tratamiento. Ni siquiera hay aspirinas.

Tiempo Argentino

27|05|2011

Nada parece haber cambiado dentro del complejo penitenciario de San Martín, donde funcionan las Unidades 46, 47 y 48. A tan solo dos meses del escándalo que se desató tras la denuncia de un preso, que contó cómo los jefes penitenciarios lo obligaban a salir a robar autos, que luego eran desarmados en los talleres de la cárcel, otro hecho desnuda la precaria situación que padecen las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires y desentraña el manejo fraudulento que hace el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de los fondos públicos.

El viernes, Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General Departamental de San Martín presentó una nueva denuncia, esta vez ante la Fiscalía Nº 1 de ese departamento judicial, para que se investigue la muerte de Ramón Quintero, ocurrida el 18 de mayo, dentro de la Unidad 46 de San Martín.

“El 18 fuimos con la jueza María Carmen Melluso, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1, para realizar una inspección de rutina. Cuando llegamos, el director de la Unidad nos contó que alrededor de las 8:30, se había producido una pelea en el pabellón 2, resultando herido el interno Quintero, quien murió en el Hospital Bocalandro”, contó Casolati.

Cuando quisieron hablar con el médico de guardia para saber más del caso, los agentes judiciales se enteraron que desde hacía varios días que no había ningún especialista en el área de sanidad, en la que sólo se encontraba el enfermero de turno, que aclaró que tampoco había medicamentos de uso general. “Hace un mes que no recibimos medicación. Ni siquiera tenemos Ibuprofeno”, confesó el auxiliar.

Durante la recorrida, Casolati y Melluso comprobaron que el preso apuñalado había sido trasladado al hospital en un auto particular, un Renault 12 modelo ’85 en condiciones precarias de mantenimiento y uso. “No había una sola ambulancia en todo el complejo, que aloja 1500 personas. Con un médico de guardia –explicó Casolati– se podría haber dado los primeros auxilios a Quintero. Esto, sumado a la falta de ambulancia y el consecuente traslado en un móvil desprovisto de las más elementales condiciones sanitarias, la falta de medicamentos y la inexistencia de botiquín para casos urgentes, bien pueden haber sido motivos suficientes para la muerte del interno.”

Además, la denuncia detalla que la ambulancia, no sólo que se encontraba en desuso desde hacía aproximadamente seis meses, sino que cuando estaba en funcionamiento, los agentes la utilizaban para trasladar a los detenidos a los tribunales.

En este sentido, las fuentes explicaron que la Unidad 48 tiene rotos los móviles de traslado y las dos camionetas. Además, el camión que utilizan los agentes es modelo ’91. Por su parte, en la Unidad 47, el móvil que se usa es una Fiat Fiorino, modelo ’91, que está en muy mal estado. “El estado de los móviles y la falta de ambulancias sirven para entender por qué terminan muriendo algunos detenidos que sufren puntazos y son trasladados en autos que no están en condiciones”, opinó Casolati.

Una semana agitada

Durante la inspección, a los oídos de Casolati y Melluso llegó una larga lista de reclamos de los detenidos, que explicaron el descontrol que reina dentro de los muros.

El lunes de la semana pasada, dos días antes de la muerte de Ramón Quintero, fue apuñalado el interno Nicolás Prunela en el salón de usos múltiples (SUM) de la Unidad 48, en horario de visitas, frente a las familias y los menores de edad. Como tampoco había médico de guardia, ni ambulancia, a Prunela lo trasladaron al Hospital de Agudos Carlos Bocalandro en un auto particular, el Fiat Duna de un guardia, de apellido Rojas.

Un día más tarde, otro interno, de apellido Angelis Díaz, también fue llevado de urgencia al centro médico, esta vez en un camión de traslado que, según los presos, se encuentra en un estado “lamentable”.

Como si todo esto fuera poco, el miércoles, a las 11:30, un agente del SPB de la Unidad 47, identificado como Manuel Ariel Aguilar, le pegó un tiro en la cara a un compañero suyo, Luis Fernando Cerda. Si bien las autoridades señalaron que se trató de un accidente, dos agentes y algunos internos dijeron que hubo una pelea. El oficial herido fue trasladado de urgencia al Hospital Bocalandro. El hecho ocurrió en el puesto de vigilancia Nº 5.

Las detenidas de los pabellones 11 y 14 de la Unidad 46, denunciaron ante la jueza Melluso, que no recibían atención médica y que no había medicamentos en la unidad. “Uno de los médicos me dijo que hace tres meses que faltan medicamentos en general. En el caso de las personas con VIH, hace un mes que tuvieron que suspender y discontinuar el suministro del cóctel”, agregó Casolati.

Las denuncias sobre maltratos, desidia y corrupción dentro del SPB no son nuevas. Tampoco es noticia el desdén con que las autoridades penitenciarias manejan las cárceles bonaerenses. Luego de la nota publicada por Tiempo Argentino en abril de este año, los jefes de la Unidad 48 fueran removidos de sus puestos. Maquillar problemas estructurales no es la solución. Se percibe que la administración de los centros de detención en la provincia de Buenos Aires no es satisfactoria. Y alguien debe responder por ello.




Flexiones y apertura de nalgas como en dictadura

(AW) "La requisa íntima es vejatoria, y consiste en desnudarse adelante de terceros y tener que exponer las partes íntimas, realizando flexiones, abriéndote las nalgas", nos dice nuestra compañera Adriana Revol, en referencia a lo que sucede en las cárceles de la provincia. Y también nos recuerda que la lucha en la cárcel de Devoto hizo que la jueza Wilma López fallara contra esta práctica y obligó al Servicio Penitenciario a usar métodos alternativos en esa Unidad.

El estado, aparte de castigar brutalmente a lxs condenados, castiga también a sus familiares y amigxs. Castiga a su clase social. La persecución avanza brutalmente sobre la visita. Imponiendo procedimientos avasallantes de requisa corporal.

La requisa íntima es requisa vejatoria, y consiste en desnudarse adelante de terceros y tener que exponer las partes íntimas, realizando flexiones, abriéndote las nalgas.

De esta manera te muestran quien tiene el poder, quienes dominan y quienes son dominados. De este modo amigxs y familiares, van desistiendo de ir de visita, y las personas privadas de la libertad, van quedando cada vez más solas y aisladas, sin tener quien reclame por ellxs. Esto colabora con el aniquilamiento.

Pero otras personas, sobretodo mujeres, se van anestesiando, y toman como rutina, esta experiencia degradante, esta práctica de maltrato sistemático.
En un ínfimo porcentaje de requisas, se han encontrado drogas u otros objetos, menos del 3 %. Y esto no es negar que se entre drogas en la cárcel. Pero también hay que tener en cuenta que a lxs empleadxs (penitenciarios) no se lxs requisa. Esto también explica como pueden haber ingresado un kilo de cocaína (como se encontró en el penal de Villa María), o una botella de ginebra, entre otras varias cosas.

Con estos métodos humillantes, se pierde el derecho a la intimidad, que es uno de los pocos derechos que les queda a lxs hijxs más pobres de nuestro pueblo.
Requisa íntima, es sometimiento, nos despojan de toda dignidad.
Las requisas vejatorias, que son un maltrato físico y psicológico permanente, y están prohibidas por los tratados internacionales, y por leyes nacionales como la misma 24660, en el artículo 195.

Hay jueces de garantía que declararon a estas requisas como inconstitucionales, como es el caso de la jueza Wilma López, de Devoto, en el 2006. Lxs magistradxs ordenaron que los controles se hagan con métodos alternativos, no invasivos de la intimidad de las personas. Pero como suele suceder, el servicio penitenciario desoye, lo que algunxs pocxs jueces se atreven a manifestar en su contra.

Adriana Revol
Coodinadora Anticarcelaria