En Argentina, son cerca de 20.000 los adolescentes detenidos en institutos de menores. La realidad de los chicos presos revela una situación alarmante, al punto de convertir a nuestro país en el más atrasado y brutal en toda América Latina en materia de infancia. Al mismo tiempo, los reclamos por mayor seguridad piden un endurecimiento de las penas y la construcción de más cárceles. En respuesta a ésto, la justicia responde basándose en la Ley Agote de 1919, derogada por la Convención de los Derechos del Niño y por la Constitución Nacional, pero que continúa siendo la fuente real de casi el 100% de las decisiones judiciales; las 10 sentencias de reclusión perpetua a menores pronunciadas entre 1997 y 2003 constituyen una vergüenza única en toda la región. Pero si las condiciones materiales de vida de los menores detenidos es gravísima, sus condiciones jurídicas son peores.En la provincia de Santa Fe la situación de los menores alojados en centros de detención muestra un estado de deterioro y abandono por parte del Estado, visible a través de distintos informes y denuncias realizadas por la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC). A más de un año de la presentación de una de ellas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual revela las condiciones infrahumanas a las que son sometidos los chicos detenidos en el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR), aún no se tiene ningún tipo de respuesta. La marginalidad y la pobreza, consecuencia de un modelo económico de concentración neoliberal, marcan la realidad de la mayoría de las familias de los adolescentes, que muchos sectores de la sociedad civil estigmatizan como delincuentes. Frente a la llamada "delincuencia juvenil", estos mismos sectores de la sociedad y del poder político y económico, reclaman el endurecimiento de penas, un mayor control policial y, lo que es más grave aún, la reducción de la edad de imputabilidad. ¿Es posible, entonces, pensar respuestas alternativas ante discursos que legitiman la exclusión de los menores pobres, condenándolos al castigo de la pena y la sanción, sin ofrecerles un proyecto de vida?Mientras jóvenes pobres pasan meses y aún años presos por presunción, sin condena, en condiciones aberrantes, los jóvenes ricos que delinquen, aún en asesinatos feroces (caso Adorna, Pira), tienen todas las posibilidades, no sólo de defensa y “resocialización”, sino de escape a cualquier condena.Es posible paliar estas penosas situaciones a través de herramientas que no requieren grandes presupuestos e inversiones, sino establecer y fortalecer vínculos de afecto, vínculos humanos, tratar de generar cambios positivos en estos chicos e impedir su deterioro, tanto psíquico como físico•