Es indígnate la actual situación de los niños y jóvenes encarcelados en nuestra región. Las paupérrimas condiciones empiezan a pedir a gritos otra sanción internacional como único recurso al apremio desatado. Es de la única forma que el estado argentino entienda de políticas orientadas a respetar los derechos más fundamentales de las personas en estado de cárcel que esté mantiene en sus centros “legales” de cautiverio, más tratándose de niños.
El informe que acaba de llegar a nuestra redacción y que elaboro la Coordinadora de Trabajos Carcelarios habla a las claras, en el se denuncian las pésimas condiciones en la que se encuentras los chicos en el IRAR. Recordamos que este conflicto ya vine con cola re arrastre, no necesitamos viajar mucho en el tiempo para recordar dos lamentables casos de suicidios de menores que se registraron en distintos centros de detención en la provincia y que dejaron al descubierto la abrumadora agresión que emana del poder estatal canalizada a trabes de su brazo armado.
En la actualidad se agravaron en ciertos aspectos las condiciones y lo peor del asunto es que nos sigue arrojando situaciones similares donde el máximo exponente de la desesperación humana se manifiesta a través del “el suicidio” y lo mas triste es que en estos caso, son niños...
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“Septiembre de 2008
COORDINADORA DE TRABAJO CARCELARIO
INFORME SOBRE LA SITUACION DEL IRAR (Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario)
La Coordinadora de Trabajo Carcelario realizó un informe y pedido de intervención de la CIDH en mayo de 2006 (expediente P-429-06 Argentina), en marzo de 2007 se expuso en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington sobre la situación de niños y adolescentes privados de la libertad en Argentina en conjunto con organizaciones que integramos el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia en Argentina. El 9 de mayo de 2007 la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en el expediente Coordinadora de Trabajo Carcelario S/ Eleva Informe Visita IRAR. Expediente 575/07 resuelve entre otras en el punto cinco Encomendar al poder ejecutivo suplantar al personal penitenciario que estaba a cargo del cuidado y tratamiento de los menores detenidos por personal especializado en la materia. En el punto seis: Exhortar al poder Ejecutivo a la conformación de una Comisión de Seguimiento de las medidas que dispongan incluyendo en la misma a organismos oficiales y a las organizaciones civiles que tengan competencia o vinculación con la materia de los menores en conflicto con la ley penal.
El Instituto de Rehabilitación Adolescente de Rosario, es una institución que, con el cambio de gobierno, ingresó una etapa de transición la cual fue descripta por nosotros en un informe presentado a principios de este año 2008. En la mima detallábamos los desajustes del traspaso de la gestión, desajustes que impactaban directamente en la vida de los chicos alojados en el instituto.
Al día de la fecha transcurrieron 9 meses del inicio de la gestión socialista en el ámbito provincial, pero recién en el mes de mayo (luego de la presentación de nuestro informe) asumieron las nuevas autoridades en el área dentro de la cual quedo incluido el IRAR, que es la Subsecretaria de Justicia Penal Juvenil.
Durante este tiempo no se conformó a la comisión de Seguimiento y fundamentalmente lo que motivara nuestra presentación ante la CIDH que es la permanencia del Servicio Penitenciario en el instituto, por lo contrario esta “permanencia” se agravó ya que el personal penitenciario esta en contacto permanente con los chicos realizando las tareas que describimos seguidamente.
Este cambio de “dirección” suponía un cambio de paradigma, que adecuaba el funcionamiento de la institución a la ley de protección de la infancia 26061 y el fin de las políticas de “patronato”.
Las nuevas autoridades del área asumieron en el mes de mayo, cinco meses después que asumiera el nuevo gobierno. Este “retraso” suponía un periodo de planificación y preparación para enfrentar las situaciones de jóvenes con conflictos penales. De este modo, el “cambio de paradigma” derivó en una merma de los niños encerrados en este dispositivo llamado IRAR; consecuencia de exigir al sistema judicial el cumplimiento de las normas vigentes, a partir de esta medida dejó de ser una constante la presencia de menores de 16 años en el IRAR. Estas decisiones “jurídicas” sin embargo no fueron acompañadas con acciones y practicas que demuestren un interés mínimo por la vida de los niños que continúan dentro del instituto, esto queda corroborado por varios intentos de suicidio ocurridos hace dos semanas. Hoy por hoy el número de chicos detenidos es menor a treinta, pero las condiciones de detención han recrudecido en sus aspectos más negativos. Además queremos remarcar que no se visualizan políticas planificadas de contención y seguimiento para quienes han podido recuperar su libertad.
Señalamos nuevamente que la institución está en manos del Servicio Penitenciario Provincial quien no solo se ocupa de la seguridad y los traslados, sino que además maneja desayuno, almuerzo, merienda y cena; salidas a los patios; trato con las familias; salidas a los talleres; uso del teléfono, en resumen controla la cotidianeidad del establecimiento en todos sus aspectos. Hechos que como expusiéramos más arriba agrava la situación que motivara nuestra denuncia ante la CIDH.
Desde la CTC denunciamos esta situación; considerando que la presencia del SP era una “intervención” y que con la llegada del nuevo gobierno la situación se normalizaría. En una reunión con Silvia Crescente, responsable de la nueva secretaria, se nos anunció sin medias tintas que “el Servicio penitenciario no se iba a retirar” y que no se sabia cuando esto iba a suceder, dejando en claro que no se planteaban la situación como un problema de resolución urgente. Insistimos con el planteo y el pedido, consultando cuales eran los tiempos que se manejaban y si se estaba formando personal civil para trabajar con los chicos. Las respuestas fueron negativas, aduciendo, desconfianza en el personal existente y presiones de los gremios que impiden cambios en las practicas de los empleados de la dirección. Se le debe sumar que no hubo presentación de un proyecto de trabajo o algo que se le asemeje, para muestra, basta decir que el único nombramiento es el de la Directora en función actualmente. Muy poco para un problema tan complejo. La desconfianza manifiesta de las autoridades para con el personal existente y laissez faire para con el servicio penitenciario provincial comenzaron a expresarse en la vida de los jóvenes que se encuentran en el IRAR recrudeciendo la ya clásicas y sistemáticas denuncias de: abuso de poder, torturas psicológicas; encierro por tiempo indeterminado; no respeto por el horario de la visita; encierro absoluto; incumplimiento de los horarios de patio (luz del sol) falta de atención medica; golpizas, amenazas verbales. Agregamos que en este nuevo periodo se sumó; la venta de servicios, llámese estupefacientes a los menores por parte del Servicio Penitenciario a cambio de zapatillas y objetos de valor, estimulando el robo y las peleas entre los mismos jóvenes. Continúa el encierro nocturno, sin luz y sin agua, de 23hs hasta 8hs. Las flagelaciones y autolesiones que se infringen los niños han aumentado con motivo de su mayor desatención.
Los funcionarios de turno tomaron algunas medidas coactivas (para resolver problemas de naturaleza profunda) de la intimidad, como la prohibición de hablar por teléfono con los familiares en privado, teniéndolo que hacer delante de un agente del S.P; se argumenta que los menores “piden droga por teléfono a los familiares” se les prohíbe tener maquinitas de afeitar porque con ellas “se cortan” y se agrega tristemente que “además para que las quieren si no tienen pelos”
Otras falencias para remarcar son que las medidas propuestas por la administración de la secretaria de Justicia Penal Juvenil no son llevadas a cabo por el personal del Servicio Penitenciario por la ausencia total de funcionarios de esa secretaría que hagan un control estricto de lo ocurre en el instituto muros adentro.
Un párrafo aparte merece la corrupción que reina en el lugar, por omisión, desidia o conveniencia. En general las comunicaciones con los funcionarios consisten en temas cotidianos y de resolución urgente tales como: la existencia o no de ratas; la falta de vidrios; las porciones de la comida; de la inexistencia de la fruta y las pelotas de fútbol. Según la dirección de la institución se compran 20 pelotas mensuales. Nunca vimos ni siquiera una, ni las veremos. Se nos acusó de faltar a la verdad. Pero es más fácil tener una factura en mano que acercarse hasta el IRAR y controlar que se entreguen los elementos, en este caso una pelota de fútbol. Se niega la existencia de ratas, y para confirmarlo se nos muestra el certificado de desratización, porque para verlas vivas hay que ir de noche. En definitiva hasta el momento vemos por un lado, algunos avances en el terreno “jurídico” y en las actividades desarrolladas por los talleristas en horario matinal (estos espacios tiene mucha aceptación por parte de los jóvenes) y por otro lado serios retrocesos en cuestiones que tienen que ver con la aplicación de las medidas “jurídicas” es decir el desarrollo de la presunta rehabilitación de los jóvenes. En este sentido el “proyecto” de la nueva administración se limita a medidas “parches” o podríamos decir medidas “mediáticas” a saber: contratación de una nutricionista; compra de un juego de ropa por chico más una mochila; destape de cloacas etc. porque como dice el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Héctor Superti. 'Los internos son personas tan dignas como todos nosotros”
Por último, se ha escuchado sobre la apertura de un “nuevo IRAR”, remarcamos que las actuales autoridades, han anunciado este proyecto en varias ocasiones desde que asumieron, pero no se aclara en ningún momento, ni el lugar y ni el proyecto edilicio que “adecua a las normas jurídicas”. Por otra parte, si bien uno de los problemas es el arquitectónico, ello no es el único ni el fundamental, en la medida que los jóvenes, no se encuentren con personal capacitado y en un ambiente que realmente los contenga, y les brinde herramientas que les permitan superar las distintas situaciones que los llevaron a la situación de conflicto con la ley”.
Natalia Moyano Víctor Zapata Nora Giavedoni