miércoles, 29 de abril de 2009

NO A LA BAJA DE EDAD DE PUNIBILIDAD



Coordinadora de Trabajo Carcelario. CTC
Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos.CEPOC


¿En Argentina y particularmente en la provincia de Santa Fe qué se está proponiendo?

Los sectores que piden mano dura y los “progresistas” coinciden: que la juventud de los sectores más pobres ingresen “legalizados” al sistema penal a una edad más temprana, lo que significa que aún reconociéndoles las máximas garantías procesales, la respuesta a la situación de desamparo y de falta de futuro de la juventud, es la violencia estatal por la vía del sistema penal y el encarcelamiento. Lo primero que es necesario develar es que en nuestro país existen miles de niños criminalizados, institucionalizados Por eso aún encubiertos de las “garantías” y la “democracia de la igualdad” lo que se quiere es encarcelar a los chicos a más temprana edad. Así se legitima y legaliza, con un discurso “democrático”, con los principios de igualdad ante la ley, y la idea de “sujetos libres e iguales”, la mayor de las desigualdades e injusticias que es la expulsión de miles de jóvenes de sistema educativo y del trabajo.

Nuevas cárceles, leyes más duras. Nada funciona, sin un reparto equitativo de la riqueza. La ausencia de programas sociales para atender la dramática situación de los jóvenes. no hace otra cosa que criminalizar la pobreza y fortalecer el estado penal. Estigmatizar a los menores como delincuentes y no tomar medidas contra la desigualdad es peligroso. Genera más violencia

No obstante, es indudable que se necesita un sistema penal juvenil, pero ello no requiere bajar la edad de imputabilidad.

En un artículo llamado “los Errores del populismo penal”, publicado en el diario Clarín del día viernes 24 de abril Roberto Gargarella profesor de derecho constitucional de la UBA expresa:

“Se exige mayor violencia del Estado en nombre de lo que se considera la voluntad mayoritaria y democrática. Pero tomar en serio lo que quiere "la gente" no debería llevar a dar autoridad a los reclamos de sus repentinos voceros o profetas. Ocultos detrás de lo que se presenta como el sentir democrático de la sociedad, los defensores del endurecimiento penal consiguen así un doble objetivo. Por un lado, ellos se resguardan frente a las críticas dirigidas contra sus propuestas (como si ellos no fueran quienes exigen mayor violencia estatal, sino sólo los voceros de un reclamo colectivo). Por otro lado, dotan a sus polémicas exigencias de un halo de irreprochabilidad, frente a las voces de sus opositores: nadie se siente cómodo hablando en contra de (lo que se presenta como) las demandas democráticas de la comunidad.”

“Uno de los principales dramas de la Argentina contemporánea tiene que ver, justamente, con la negación de la palabra a secciones enteras de la comunidad. Tomar en serio lo que quiere "la gente," en materia penal por ejemplo, debiera llevarnos a recuperar -con urgencia- las voces no escuchadas y silenciadas, antes que a dar autoridad a los reclamos de sus repentinos voceros o profetas.”

“Nils Kasberg, director regional de UNICEF para America latina opina que el intento de bajar la edad de imputabilidad es una medida demagógica e indecente. Es experto en infancia y exclusión social. Vino al país alarmado por la discusión sobre la nueva ley penal juvenil. Con datos, argumentos y experiencias internacionales explicó por qué no sirve penalizar a los niños. Y detalla la postura de Unicef sobre el tema. “Políticas integrales. Si un chico de 14 años mata a alguien, tiene que haber habido todo un sistema de adultos que no funcionó y otro sistema de adultos que se aprovechó de él. A veces, estamos frente a la segunda o tercera generación de chicos que se han criado sin valores, sin afecto, sin amor. Me encontré con un chico en República Dominicana en un centro para niños de la calle, donde podían ir durante el día para recibir algo de educación, en las horas en que no estaban vendiendo algo. Ese chico me cuenta que la primera vez que recibió un abrazo en su vida fue en ese centro, a los 12 años. El punto de partida en este debate no tiene que ser adultocéntrico, particularmente si sabemos que, en nuestra región, 80 mil chicos mueren por violencia intrafamiliar cada año y en la mayor parte de los casos, con impunidad.” (Diario Pagina /12, Domingo 26 de abril de 2009)

POR QUÉ NO BAJAR LA EDAD DE PUNIBILIDAD A LOS 14 AÑOS
· PORQUE SERÍA REGRESIVO: En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y solo se puede avanzar en dicha cobertura. El Código Penal sancionado en 1921 establecía la edad de punibilidad en 14 años. Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16 años, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia (Ley 14.394). La Dictadura, en una de sus primeras medidas (Decreto Ley 21.338), derogó parcialmente esa norma, y fijó la edad de punibilidad en 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad, creado en 1980 (Decreto Ley 22.278) En mayo de 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años. Regresar a la edad establecida por la Dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes.

· PORQUE EL ÚNICO OBJETIVO ES EL CASTIGO: El mandato constitucional establece que el sentido de la privación de la libertad no debe ser el castigo, sino la adecuada preparación para la vida en libertad. Sin embargo, la discusión de estos proyectos, luego de un hecho grave que involucró a un adolescente de 14 años, revela que el único objetivo es establecer políticas de castigo sobre esta población, violentando ese mandato, y confundiendo a las personas que creen que esta reforma le será aplicada a ese joven, lo que es falso.

· PORQUE NO ES CIERTO QUE SEA EL ÚNICO MODO DE BRINDAR GARANTÍAS A LOS ADOLESCENTES DE 14 Y 15 AÑOS: Decir que el único modo en que una persona acceda a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal es por lo menos una falacia. Las garantías las tenemos todas las personas de todas las edades, el problema es que muchas veces no se cumplen ni se respetan. Es responsabilidad de los jueces aplicar las leyes, y velar porque todas las garantías de todas y todos los ciudadanos, se cumplan conforme la ley.

· PORQUE NO SE TRATA DE SANCIONAR MÁS LEYES, SINO DE CUMPLIR LAS QUE YA EXISTEN: La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) tienen plena vigencia, así como todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos a los que son acreedores cada niño y cada niña que vive en nuestro país. Sin embargo, la mitad de ellos carece de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas ni agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten.

· PORQUE LA CANTIDAD DE ADOLESCENTES DE 14 Y 15 AÑOS QUE COMETEN DELITOS GRAVES ES ÍNFIMA: Diputados y senadores deberían pensar si es justo sancionar una ley que, más allá de sus intenciones, será aplicada para el castigo, y que significará un retroceso en cuanto a las políticas dirigidas a la infancia, para atender, de modo punitivo, los hechos que cometen un puñado de adolescentes. Según una investigación de Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero

(http://www.unicef.org/argentina/%20spanish/Adolescentes%20en_el_sistema_penal.%20pdf)

· PORQUE SI EL ESTADO NO ES CAPAZ DE CONTROLAR LAS INSTITUCIONES DE ENCIERRO QUE HOY TIENE, MUCHO MENOS PODRÁ CONTROLAR LAS QUE PIENSA CREAR: En la ciudad de Rosario, los jóvenes infractores son encarcelados en el IRAR (Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario), donde se encuentran bajo régimen penitenciario/civil.- En dicha institución desde diciembre de 2008 a marzo 2009, fueron trasladado por requerir atención médica por haber sufrido, lesiones, golpes y agresiones, 25 chicos, en un caso que tomo estado público, en estado de coma. Por su parte las autoridades, ante estas situaciones, se escudan argumentando que el IRAR “es una cárcel” (Dra. Crescente, Directora de Justicia Penal Juvenil, Rosario/12, 27/4/09), sin responsabilizarse por la integridad física y la vida de los chicos que son sometidos a la violencia del estado, que ella representa.- Todos los días hay noticias acerca de muertes en lugares de encierro (76 por causas violentas y/o dudosas durante 2008, según los registros del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos) El viernes 24 de abril, la justicia ordenó cerrar un hogar de niños, niñas y adolescentes regenteado por la Fundación de Julio Grassi, luego de que un niño de ocho años intentara ahorcarse, hastiado de los abusos cometidos contra su persona, y de que se recopilaran otras tantas denuncias. La Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en noviembre de 2004, pero no implementa los mecanismos de visita a los lugares de detención para prevenir los abusos, los malos tratos y la tortura. Esa es otra norma vigente que no se cumple, casi cinco años después de ser sancionada.

· PORQUE EL SISTEMA PENAL ES DISCRIMINATORIO, SELECTIVO, ESTIGMATIZANTE: Es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos “esfuerzo” tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.

· PORQUE LOS PIBES SON EL ESLABÓN MÁS DÉBIL DE LOS GRUPOS DELICTIVOS Y LAS EMPRESAS CRIMINALES: Casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta, es porque alguien con más edad y con más poder, lo ha utilizado. Un niño de 14 años difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Lo más seguro y lo que indican todas las investigaciones es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir ese auto que luego irá a un desarmadero, para que muchos de los que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren más baratos los repuestos para sus autos.

· PORQUE LAS PENAS PREVISTAS NO SON INTOCABLES: Se utiliza como un argumento a favor de la baja de edad de punibilidad, que se fijarán penas bajas (lo que no es cierto, al menos en el proyecto presentado por el Dr. Raúl Zaffaroni y la Dra. Lucila Larrandart, en el que se permiten penas de hasta siete años para la franja de 14 y 15 años, y de quince años para la franja de 16 y 17, lo que transformaría al régimen argentino en el más gravoso y represivo de Latinoamérica). Pero hasta estas penas draconianas pueden elevarse: basta que suceda algún hecho trágico, o lo suficientemente difundido por los medios, para que se dupliquen, o tripliquen,

· PORQUE VAN A METER PRESOS A LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DEL NEOLIBERALISMO QUE ESTA SOCIEDAD VOTÓ Y ACEPTÓ DURANTE UNA DÉCADA: Los adolescentes que hoy tienen 14 y 15 años nacieron entre 1994 y 1995, cuando millones de votantes reeligieron a Menem, y sus políticas, con la consecuencia de desintegración social, marginación de millones de personas, destrucción de la escuela pública, pauperización y desempleo de los padres de estos adolescentes.

· PORQUE RESULTA CONTRADICTORIO CON EL CAMINO QUE SE PRETENDE SEGUIR EN LA PROTECCION DE LA NIÑEZ, ya que el año pasado se sancionaron dos leyes: la 26449 que sube la edad para contraer matrimonio a los 18 años y la 26390 de prohibición del trabajo infantil que eleva a 16 años la edad a partir de la cual se puede trabajar, con el objeto de proteger a nuestros jóvenes de la explotación privada, pero si consentimos, la baja de imputabilidad, aceptamos someterlos a la violencia estatal.-
Los adultos tenemos la obligación de hacernos cargo de nuestras decisiones, no solo de las que tomamos individualmente, sino de lo que avalamos, aceptamos o consentimos como sociedad. Y ser consecuentes con lo mejor de nuestra historia, con la decisión, que alguna vez tomamos, de que los únicos privilegiados sean los niñosaún estos, los ajenos y demonizados.