En una reunión programada para hoy el la cual estarán presente funcionarios de gobierno y penitenciarios se decide esta suerte de pulseada en cuanto a políticas penitenciarias, “O el gobierno se deja torcer el brazo por estos golpistas, o realmente demuestra que esta dispuesto a respetar los derechos fundamentales de las personas encarceladas.
Luego de dos semanas de conflicto entre penitenciarios y funcionarios de gobierno en el cual nuestro compromiso mas allá de las diferencias mantenidas con algunos funcionarios políticos nos ha llevado a estar presentes desde el inicio y defender, no a funcionarios, pero si a una política de apertura y de dialogo.
A último momento de estos desarrollos nos acaba de llegar un informe elaborado por La Coordinadora de Trabajos Carcelarios el cual trascribimos forma textual.
Coordinadora de Trabajo Carcelario, viene trabajando en las cárceles de la provincia desde el año 1995.- Podemos decir, que en estos años se produce un importante avance a partir de la gestión del Dr. Fernando Rosua, en la Dirección del Servicio Penitenciario, en cuanto por primera vez, el poder político, asume realmente la Dirección y la política penitenciaria en la provincia.- Esta actitud, no pasa inadvertida por los penitenciarios, quienes reaccionaron, a través de la masacre más terrible que se vivió en una cárcel santafesina, producida en la Unidad penitenciaria Nro. 1 con asiento en la ciudad de Coronda, el 11 de abril de 2005.- Pese al embate, el poder político no brindó mayores concesiones sino que por el contrario, reaccionó con una intervención civil de la cárcel y que concluida la misma, implicó la designación de un Director Civil para la mayor unidad penitenciaria de la provincia.- Y una política de dialogo con los internos y apertura de los lugares de encierro hacia la sociedad por parte del Dr. Jorge Bortolozzi.- Al asumir la actual gestión, se profundizaron estos cambios y como debe ser, se incrementó la intervención civil en el ámbito penitenciario.- Y también en estos años, se trabajó con todos los actores, en la reglamentación de la ley de ejecución penal, a la cual la provincia adhirió, pero jamás reglamentó.-
Sin lugar a dudas, la reglamentación de dicha ley, como la modificación del Reglamento del Servicio Penitenciario que el gobierno actual pretende implementar son un avance en una política de respeto de los derechos humanos a favor de las personas privadas de libertad y obviamente implican un mayor control sobre el Servicio Penitenciario.-
Por estos motivos, una fuerza, poco adepta al dialogo, creada bajo una estructura vertical y militarizada, desconoce cualquier intento de limitación de su campo de acción.-
La actitud patoteril de autoacuratelarse, de demandar como lo viene haciendo, presentar petitorios donde reclaman, no un diálogo sino que sus exigencias se cumplan y que bajo la excusa de mayor disciplina lo que plantean en definitiva es volver a la mano dura, para con los internos; creyendo que son los únicos que saben de política penitenciaria para tolerar que venga un “civil” a decirles lo que tienen que hacer; son situaciones que en un estado de derecho no deben tolerarse, ni permitirse.
Para ello el gobierno de la provincia, debe dar muestras claras del rumbo que quiere darle al Servicio Penitenciario, ya que las vacilaciones en ese sentido crean, sin lugar a dudas, situaciones ambiguas, que permiten que algunos referentes del servicio enitenciario, partidarios de la mano dura, avancen y se mantengan en un estado deliberativo. En ese sentido, la falta de resolución del sumario iniciado por la masacre de 2005, que pese a tener distintos dictámenes favorables a la cesantía de varios funcionarios penitenciarios, sigue paralizado en fiscalía de estado, o la falta de investigación oportuna del robo ocurrido en la cárcel de Piñero.
Luego de dos semanas de conflicto entre penitenciarios y funcionarios de gobierno en el cual nuestro compromiso mas allá de las diferencias mantenidas con algunos funcionarios políticos nos ha llevado a estar presentes desde el inicio y defender, no a funcionarios, pero si a una política de apertura y de dialogo.
A último momento de estos desarrollos nos acaba de llegar un informe elaborado por La Coordinadora de Trabajos Carcelarios el cual trascribimos forma textual.
Coordinadora de Trabajo Carcelario, viene trabajando en las cárceles de la provincia desde el año 1995.- Podemos decir, que en estos años se produce un importante avance a partir de la gestión del Dr. Fernando Rosua, en la Dirección del Servicio Penitenciario, en cuanto por primera vez, el poder político, asume realmente la Dirección y la política penitenciaria en la provincia.- Esta actitud, no pasa inadvertida por los penitenciarios, quienes reaccionaron, a través de la masacre más terrible que se vivió en una cárcel santafesina, producida en la Unidad penitenciaria Nro. 1 con asiento en la ciudad de Coronda, el 11 de abril de 2005.- Pese al embate, el poder político no brindó mayores concesiones sino que por el contrario, reaccionó con una intervención civil de la cárcel y que concluida la misma, implicó la designación de un Director Civil para la mayor unidad penitenciaria de la provincia.- Y una política de dialogo con los internos y apertura de los lugares de encierro hacia la sociedad por parte del Dr. Jorge Bortolozzi.- Al asumir la actual gestión, se profundizaron estos cambios y como debe ser, se incrementó la intervención civil en el ámbito penitenciario.- Y también en estos años, se trabajó con todos los actores, en la reglamentación de la ley de ejecución penal, a la cual la provincia adhirió, pero jamás reglamentó.-
Sin lugar a dudas, la reglamentación de dicha ley, como la modificación del Reglamento del Servicio Penitenciario que el gobierno actual pretende implementar son un avance en una política de respeto de los derechos humanos a favor de las personas privadas de libertad y obviamente implican un mayor control sobre el Servicio Penitenciario.-
Por estos motivos, una fuerza, poco adepta al dialogo, creada bajo una estructura vertical y militarizada, desconoce cualquier intento de limitación de su campo de acción.-
La actitud patoteril de autoacuratelarse, de demandar como lo viene haciendo, presentar petitorios donde reclaman, no un diálogo sino que sus exigencias se cumplan y que bajo la excusa de mayor disciplina lo que plantean en definitiva es volver a la mano dura, para con los internos; creyendo que son los únicos que saben de política penitenciaria para tolerar que venga un “civil” a decirles lo que tienen que hacer; son situaciones que en un estado de derecho no deben tolerarse, ni permitirse.
Para ello el gobierno de la provincia, debe dar muestras claras del rumbo que quiere darle al Servicio Penitenciario, ya que las vacilaciones en ese sentido crean, sin lugar a dudas, situaciones ambiguas, que permiten que algunos referentes del servicio enitenciario, partidarios de la mano dura, avancen y se mantengan en un estado deliberativo. En ese sentido, la falta de resolución del sumario iniciado por la masacre de 2005, que pese a tener distintos dictámenes favorables a la cesantía de varios funcionarios penitenciarios, sigue paralizado en fiscalía de estado, o la falta de investigación oportuna del robo ocurrido en la cárcel de Piñero.
Que pese a las diferencias que podamos tener con el actual gobierno y con los errores que en este camino de cambio se han cometido, es fundamental que no se retroceda en esta política. Las personas privadas de la libertad no pueden quedar nuevamente al arbitrio del Servicio penitenciario, ni permitirse que quienes se esconden atrás de parte del personal que puede tener algunos reclamos justos, tome las riendas nuevamente de esta institución.-
Estos hechos, son de gravedad institucional, en cuanto implican la sublevación de una fuerza de seguridad a su autoridad natural que es la autoridad política, y que sin lugar a dudas tiene consecuencias en la vida e integridad física de las personas que se encuentran a su disposición, de hecho ya falleció un interno en Flores y existen hechos de violencia en Piñero.