La tiranía punitiva que exalta la función del castigo como única vía de reducción del delito pretende una reacción rápida y contundente para quien infringe la norma penal.Su neutralización y restricción ambulatoria a través del encierro, suele guardar silencio respecto de los principios que deben orientar la aplicación de la pena; y mucho más aun acerca de la efímera capacidad “resocializadora” de la realidad en el instituto “Modelo” de la Ciudad de Coronda provincia de Santa Fe.
Esa condescendencia para con las inhumanas condiciones de detención, los tratos crueles, los castigos mal aplicados por parte de los inescrupulosos y corruptos penitenciarios acogiéndose, tal vez como ningún otro argumento o circunstancia, a la exaltación del castigo que propugnan los partidarios de la inflación punitiva. Más propensos a la realidad de las mazmorras y al oscurantismo medioeval, éstos justicieros aspiran a reducir el derecho penal a la calidad de fetiche por medio del cual doblegar a los "cuerpos indóciles” que ponen en crisis los modelos vigentes de orden social.
El hacinamiento y deterioro que caracterizan la cárcel “Modelo” de Coronda ha contribuido una circunstancia que aqueja los sistemas penales: la pretensión de dar solución, mediante su manipulación, a conflictos que carecen de naturaleza punible y que deberían ser en cambio encarados y saneados como real solución en vez de dejarlos tirados en las calamitosas condiciones que se encuentran las personas encarceladas es que, una vez impuesta la condena y efectivizada su privación de la libertad, el tribunal que dispuso la condena los olvida por completo.
Para evitarlo, la Ley 24.660, que entró en vigencia el 16 de julio de 1996, creó una serie de jueces prioritariamente dedicados a los condenados, con el fin de velar por sus derechos y mantener un seguimiento que les permita observar su progresiva evolución.
Son los llamados jueces de ejecución penal.
Sin embargo, desde la entrada en vigor de esa norma apenas se pusieron en marcha unos pocos juzgados de ejecución con la obligación de enfrentar una masa de trabajo importantísima y difícilmente abordable: asegurar el respeto de los derechos humanos de los internos y resolver todo incidente o cuestión que se presente durante la ejecución de la pena. Pero también, simultáneamente, controlar que el detenido cumpla con las imposiciones establecidas en los casos de suspensión del procedimiento a prueba y verificar la reinserción social de las personas. Esto determina, en la práctica, la imposibilidad he inoperancia de los jueces al no estar presentes para verificar en qué estado se encuentran los internos a su cargo y cuáles son los problemas de la unidad penitenciaria donde están alojados. Esa dificultad supone también la delegación de funciones jurisdiccionales en la administración penitenciaria, que ante la falta de control por parte del juez de ejecución gobierna a los detenidos a su antojo les implementan castigos severos, no solo físicos, sino sicológicos sin ellos saberlo hasta la hora de su notificación. No se toman descargos a los internos si la sanciones es o no es, solo se los notifican que están castigados sin más ni más y así queda como así quedaron, más de un centenar de compañeros fallecidos a los cuales el estado se cargo sistemáticamente desde la entrada en vigencia de esta ley.
Después de haberse realizados innumerables denuncia desde nuestro medio queda claro que entre el juzgado y el Servicio Penitenciario hay connivencia puesto que en el caso del juez del Juzgado de Ejecución Penal de Coronda no investiga ningún incidente por mas grave que sea. Aquí se puede ver la inmensa corrupción que existe dentro de los juzgados, principalmente el de Coronda donde su titular Julio Cesar Arri, parte activa de la corporación mafiosa que tenemos como justicia en la provincia de Santa Fe, ya ha sido denunciado por este medio, no solo por su condición de corrupto e inoperante, sino también por su actitud inmoral he indecorosa, puesto que su afección al alcohol y las drogas van mas allá de un fin de semana opacando aun más su función como administrador judicial.