jueves, 8 de abril de 2010

Crónica de una huelga


Ni la Constitución Nacional, ni pactos internacionales, ni declaraciones universales logran que la dignidad e integridad física de las personas privadas de su libertad sean respetadas. La presente huelga de hambre, que detenidos llevan adelante desde hace 20 días en cárceles bonaerenses y federales, es un campo en el que afloran de manera cruenta las habituales prácticas del Servicio Penitenciario Bonaerense. Mientras tanto, y a pesar de sucesivas reuniones con los funcionarios responsables en la Unidad N° 9, ninguna autoridad de ningún poder del Estado responde por la sistemática tortura y violación a los DD.HH. de los huelguistas.
 
 
 
 
Carlos Giusti

El Artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”. Lo mismo ratifica el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptada en 1966. En el marco del acuerdo anterior, el artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza la protección de la integridad física de los individuos, en contra de la ejecución, la tortura y la detención arbitrarias. Veinte años después, el artículo segundo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1987, afirma que “todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción”. Por su parte, el afamado artículo 14 bis de la Constitución argentina establece, entre tantos otros, un derecho fundamental: el derecho a huelga, en todo el territorio nacional, para todo ciudadano.

Haciéndose eco de esas y otras garantías, el jueves 18 de marzo, un grupo de personas privadas de la libertad en la Unidad Penal N°9 de La Plata iniciaron una medida de huelga de hambre en repudio al endurecimiento de las normas penales y procesales. (ver "Huelga de Hambre en Unidad Nº 9"). Con el correr de los días, otros detenidos, alojados en distintos pabellones de esa misma cárcel y en otras Unidades provinciales y federales, se fueron plegando a la medida. Sin embargo, y como La Cantora ha denunciado en otros artículos periodísticos y presentaciones judiciales -en conjunto con demás organizaciones de DD.HH.- a lo largo de estos últimos 18 días, el mecanismo de respuesta de los Servicios Penitenciarios poco ha tenido que ver con los mencionados pactos y declaraciones, nacionales e internacionales.

Ese mecanismo -aceitado para el apremio, la desarticulación, el desgaste y el abandono- comenzó a funcionar incluso horas antes de iniciada la huelga, cuando cuatro detenidos fueron sacados de la Unidad 9 bajo injustificadas “medidas cautelares”. Lo cierto es que José María Augusto Gandolfi, Sergio López Mandri, Ezequiel Neuman Rioja, Martín Acosta Prochunuk y Sergio Molina Pomares participaban de la organización y difusión del reclamo en los pabellones de población común, en los que las condiciones de vida son por demás precarias y los alojados -en gran número analfabetos- desconocen el manoseo judicial del que son víctimas directas. En un claro gesto de saña y despotismo, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) trasladó a Neuman Rioja 234 kms hasta la Unidad N° 30 de General Alvear. Gandolfi transitó de la Unidad 9 a la 21 de Campana, de allí a la Unidad 28 de Magdalena, para pasar a la 6 de Dolores y terminar en Junín. 1.081 kms en 15 días, siendo que por orden judicial debería estar alojado en la unidad N° 9 de La Plata o 24 de Florencio Varela. Otro huelguista que fue golpeado en San Nicolás y permanece lastimado en los depósitos de la Unidad 13 de Junín es Jhonatan Moreira, amenazado por destapar el velo de otro episodio de golpiza que sufrió tres años atrás en esa misma cárcel. Prochunuk pasó, al menos, por las unidades 1 y 45 de La Plata. López Mandri también tuvo su primera escala en Campana, en un pabellón de extrema seguridad. Durante esos días, Sergio se comunicó con La Cantora para informar que el SPB lo intimidaba de distintas maneras para que deje de participar en la protesta. Familiares de huelguistas en esa Unidad transmitieron la amenaza del SPB a los detenidos de reprimir si no frenaban la medida. A los pocos días, López Mandri volvió a ser llevado al radio de La Plata (Unidad N° 45), y rápidamente salió despedido a la Unidad 13 de Junín. En las últimas horas fue trasladado nuevamente a la 45 en donde, como si esto fuera poco, no lo quieren recibir. En las celdas de castigo de la Unidad 23 de Florencio Varela permaneció junto a otros huelguistas reprimidos: Diego Zuniga, Luciano Marchesi (llegado de Olmos), Sergio Ruiz Nuñez (desde la Unidad N° 32), Jorge Luis Peralta Mondo (desde Campana) y Diego Castellano Ortiz (desde la Unidad 29). En Varela, varios de ellos fueron intimados por agentes penitenciarios para firmar un acta de traslado a la Unidad 30 de Alvear. Periódicamente son arrancados de sus celdas encapuchados, en perversos simulacros de traslado que -dicho por ellos mismos- están trastocando su estabilidad psíquica. Quien fue sacado de esa unidad hacia la 29 es Abel Gómez Segundo, quien hoy se encontraría en Olmos. Jhonatan Yubero Coria también tuvo su paso por la Unidad 29, sin la suerte de quedar en el radio de La Plata: se encuentra hoy a 300 kms., en la Unidad N° 15 de Batán.

A partir de la decisión provocativa del SPB de trasladar a aquellos detenidos de la Unidad 9 involucrados en el reclamo, las demás personas que se encontraban elaborando el petitorio, decidieron apresurar el inicio de la medida, programado para el lunes, y se declararon en huelga el mediodía del jueves 18 de marzo. Para tal fin, solicitaron la presencia en la Unidad 9 de representantes de la Asociación civil La Cantora, encargados desde ese momento de dar difusión al documento e informar a los organismos de DD.HH. y autoridades judiciales correspondientes. Producto de las gestiones posteriores, se hizo presente en la Unidad el juez de ejecución de La Plata, Dr. José Nicolás Villafañe, en plan de garantizar la legalidad del reclamo y asegurar la integridad física de los huelguistas. En ese sentido, aquella primera jornada arrojó como un resultado positivo el traslado de Rubén Terzagui desde la Unidad 9 al Hospital San Juan de Dios. Durante los últimos años, organismos de DD.HH. de La Plata habían realizado sin éxito, ante el visible deterioro del detenido, denodados esfuerzos por lograr algún tipo de morigeración a su pena, por el hecho de tratarse de una persona con HIV. Uno de los puntos centrales del petitorio elaborado por sus compañeros en ocasión de esta huelga solicita, justamente, la modificación de la ley 13.943, que limita las excarcelaciones y alternativas a la prisión preventivas a personas enfermas y embarazadas.

Sin embargo, pocos días después de haber logrado la oportunidad de ser albergado en un sanatorio, y siendo que jamás los distintos departamentos de sanidad del SPB pudieron ni quisieron atenderlo como lo necesitaba, Rubén Terzagui fue devuelto a una cárcel, en este caso la Unidad de atención sanitaria N° 22, en la que falleció el día domingo 28 de marzo. La huelga de hambre y, de trasfondo, el sórdido entramado judicial y la indiferencia verduga del SPB, se cobraban así una víctima fatal (ver "La huelga cobró su primera víctima fatal").



Divide y reinarás



Al paso de los días, la adhesión a la huelga creció en los pabellones de trabajadores de la Unidad 9. Sin embargo, como lo declaró la esposa de uno de los detenidos, la respuesta a esto por parte de los agentes del SPB fue sacar a los detenidos al patio, a las 4 de la madrugada, para obligarlos a firmar un acta que los hacía responsables de lo que les ocurriese durante el reclamo.

Al paso de los días, la adhesión también creció en otras cárceles de la provincia; entre ellas, la Unidad Penal N° 45 de Melchor Romero. Estudiantes universitarios allí alojados, que se encontraban redactando su aporte al petitorio original, fueron repartidos entre las unidades de Magdalena, Florencio Varela y Dolores. Pero no sin antes pasar por la unidad de tránsito (N° 29), en la que cualquier detenido no puede permanecer alojado (aislado, enjaulado, sin comunicación telefónica, sin visitas) durante más de tres días. Excediendo ese plazo, Ricardo Colman Zavala fue llevado finalmente a las celdas de castigo de la Unidad 24, al igual que Walter Colman Zavala. Allí, aún hoy sostienen la medida de huelga, sin ningún tipo de atención médica, junto a Walter Pereyra Ozura, Jorge Oscar Pereyra Gallardo y Gerardo Cuenca Argüello entre otros.

Según informaron telefónicamente sus propios compañeros, los directivos de la Unidad mantienen a Cuenca Argüello en un programa de “violencia cero” y, diariamente, los agentes lo obligan a cortarse a sí mismo a cambio de, por ejemplo, una tarjeta telefónica. Por su parte, Pereyra Ozura fue herido de bala en la pierna y, por falta de atención médica, la lesión se le ha infectado.

También sacados de la Unidad 45, Juan Asti Ferreira y Daniel Isidro Polischuk Gorski desembocaron en la Unidad 28 de Magdalena, junto a -por lo menos- otro huelguista: Mario Antonio, quien recientemente fue amenazado con una escopeta en su cabeza para desistir de la protesta. Ninguno de los tres fue recibido por las autoridades, ni se les permitió acceder a un pabellón, por lo que permanecen ilegalmente en las peores celdas de castigo de la provincia, con canillas electrificadas, compañeros que vomitan sangre y se prenden fuego, doctoras que prefieren no acercarse a atenderlos y agentes penitenciarios que les venden tarjetas telefónicas a quince pesos. A ninguno de los tres se les permitió jamás firmar un acta que dejara constancia de que se encuentran en huelga, como le corresponde garantizar al Servicio Penitenciario, en función de las medidas sanitarias y judiciales que debe disponer desde ese momento.

Ejemplar es, en este sentido, el caso de Rubén Darío Ceballos, huelguista que también tuvo su paso por la 29, ahora alojado en los buzones de la Unidad 2 de Sierra Chica, sin ser pesado ni atendido, pidiendo ser devuelto al conurbano, donde su padre falleció hace dos meses y su madre permanece enferma. En cambio, aprovechándose de su analfabetismo y amenazándolo con reeditar las feroces golpizas que le propinaron en esa misma unidad hace tres años, los agentes del SPB lo obligaron a firmar un acta en la que consta que no se encuentra en huelga. No obstante, Ceballos se mantiene plegado a la medida.

También en Sierra Chica se encuentra Luis Gorosito, sacado de la Unidad 21 de Campana -al plegarse a la medida- junto a Nelson Fabián Sampietro López, quien desde entonces se aloja en los buzones de la Unidad 6 de Dolores junto a Jorge Penela Dorado, el último de los universitarios trasladados desde la 45. Como ha descripto La Cantora a partir del relato de los propios detenidos, las celdas de castigo en la cárcel de Dolores son de proporciones muy pequeñas, más de lo habitual por tratarse de una de las cárceles más antiguas, hecha a medida de personas que eran apresadas en otros tiempos. Esto lleva a que estén casi todo el día sentados, sin poder caminar, en el marco de una superpoblación que desborda la capacidad de la unidad. Según informaron a La Cantora funcionarios del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Plata, que entiende en su causa, el juez Caputo Tártara ordenó que Fabián Sampietro fuese trasladado a la Unidad N°9 de La Plata para continuar sus estudios de Periodismo en la Extensión de la UNLP. Orden desatendida por el SPB, al igual que el pedido de ese mismo Tribunal de suspender los traslados de huelguistas y de informar sobre sus estados de salud (ver nota en Diario Hoy). Sobre lo segundo existen sobradas muestras no sólo de la desatención sino también del perjuicio que las prácticas penitenciarias están ejerciendo sobre la salud de los detenidos. Respecto del cese de los traslados, al día siguiente de conocerse la disposición judicial, al menos un huelguista fue trasladado contra su voluntad desde la Unidad N° 45 a la Unidad N° 35 (Magdalena). Se trata de Damián Lan Millán, gravemente herido por otros detenidos que -también en este contexto- son manipulados por el SPB para provocar conflictos entre las personas encarceladas.

Así como en el caso de las órdenes judiciales, al SPB también lo tiene sin cuidado incumplir órdenes del poder ejecutivo. Esa fue la suerte que corrieron los compromisos que asumieron -sólo de palabra, nunca por escrito- los distintos funcionarios del Ministerio de Justicia que asistieron a reuniones realizadas con los huelguistas de la Unidad N° 9. Cabe aclarar que a la tercera y cuarta de esas reuniones no se acercó ningún funcionario provincial.

El primero de los encuentros se realizó el martes 23 y no se permitió la participación de las organizaciones que representan a los detenidos. Estuvieron presentes el Ministro de Justicia -Ricardo Casal-, el Subsecretario de Política Criminal -César Albarracín-, el Jefe del Servicio Penitenciario Boenaerense -Javier Mendoza-, y senadores y diputados nacionales y provinciales -Conti, Gianetassio, Rivara-. En la segunda reunión (viernes 26), César Albarracín mencionó un proyecto de ley que contemplaría algunos de los puntos del petitorio, habló sobre una posible comisión que debatiría las reformas legislativas y se comprometió -esta vez sí frente a representantes del Comité contra la tortura, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Secretaría de DDHH de La Plata y el Colectivo La Cantora- a dar la orden de que los huelguistas no fueran trasladados. Sin embargo, esa misma madrugada, Ignacio Águila Monzón, plegado a la medida, fue llevado hacia la Unidad 23 de Varela desde el pabellón 11 de la Unidad 9 con la excusa oficial de padecer o generar “problemas de convivencia”. Finalmente, por la gestión de las organizaciones, se logró que retornase a la Unidad 9, a un pabellón con los demás huelguistas. Pese a esto, hoy informa que no recibe los medicamentos que su problema cardiovascular requiere.

La última de las reuniones en la Unidad Nº 9 tuvo lugar el pasado martes 6 de abril. Allí asistieron las organizaciones mediadoras -Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Comité contra la Tortura; Asociación Civil La Cantora; Centro de Estudios Legales y Sociales-, los huelguistas delegados de los distintos pabellones plegados a la medida, Oscar Negrelli -diputado de la Prov. de Buenos Aires-, Victoria Donda -Diputada de la Nación-, Carlos Fernández -Senador de la Prov. de Buenos Aires- y Luis Malagamba -Senador Provincial-.

Durante el encuentro los detenidos presentaron un proyecto de ley relacionado con el petitorio original a la diputada Victoria Donda y entregaron un escrito dirigido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que solicitan que se expidan por el fallo Verbitsky. Otra de las demandas hizo eje en que los diputados intercedan por las condiciones de detención de los huelguistas trasladados a las distintas unidades de la provincia.

Por su parte, los diputados se comprometieron a trabajar en el proyecto de ley entregado por los huelguistas y a presentarlo luego a comisión para que sea debatido. Además prometieron pedir al ejecutivo y a los legisladores oficialistas que se sumen a la mesa de negociación para dar solución al conflicto. También afirmaron que solicitarán una reunión al Ministro de Justicia por las condiciones de detención y el accionar del Servicio Penitenciario Bonarense en relación a esta huelga de hambre.



Cada adhesión, una tortura



El día 22 de marzo, en horas de la mañana, luego de hacer entrega del petitorio a las autoridades del penal, las mujeres detenidas en la Unidad N° 8 de Los Hornos iniciaron huelga de hambre. Por el momento, informaron que mantienen la medida en suspenso hasta el próximo lunes 12 de abril. Otras de las cárceles de mujeres de la provincia, la Unidad 46 de San Martín, se plegaron a la medida.

El día 24 de marzo, en el momento en que se desarrollaba el acto en memoria del más horroroso Golpe de Estado que haya sufrido la Argentina, el SPB trasladó a veinte personas que se encontraban en huelga de hambre en la Unidad Penal Nº 1 de Olmos. El ingreso de los docentes a las escuelas fue prohibido y el acceso a los teléfonos suspendido en los pabellones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 de esa cárcel.

Las celdas de castigo de la Unidad 21 de Campana albergan hoy a 17 personas en huelga. Ninguno de ellos recibe atención médica y no es posible decir que cada uno de los Tribunales que entienden en sus causas esté informado de su situación. Se trata de Juan Eduardo Detita Rodríguez, Cristian Rivero, José Luis Maciel, Escott Fernández, Rubén Barraza, José Antonio González, Misael Fleitas Obas, Sergio Santana Lencina, Lucas Yande Ortiz, Maximiliano Molina Giménez, Ernesto Luzi, David Lartiga Lettieri, Castellano Petrocelli Herrera, Claudio Molina Pomares, Gabriel Montes López, Prieto Contreras y Juan Araujo Birreta. Entre ellos se encuentra uno de aquellos primeros cinco detenidos que fueron sacados de la Unidad 9 antes de iniciada la medida: Claudio Molina Pomares. Tres casos sobresalen en gravedad entre los huelguistas de Campana: Detita Rodríguez tiene el brazo muy lastimado, al igual que Escott Fernández, con el brazo fracturado a puñaladas, infectado con HIV y aplacado con fármacos por Sanidad de la unidad. Mientras tanto, Lartiga Letieri discutió con un encargado por la sistemática negativa a permitirles firmar un acta de huelga. El enfrentamiento desencadenó en siete balazos de goma disparados por el oficial contra el cuerpo de Letieri, provocándole heridas en el pecho, los dorsales, una mano, una rodilla y un ojo.

Lentamente, la huelga de hambre fue abriendo también el juego a la participación de las unidades penales federales, iniciada con la incorporación al ayuno de mujeres detenidas en la Unidad 3 de Ezeiza (300 detenidas). Participación que se amplió luego a los pabellones 5 y 3 de la Unidad N°2 Marcos Paz (300 detenidos). En el caso de ambas cárceles, el mecanismo de apremio contra los huelguistas es el mismo: mantenerlos encerrados bajo candado de manera permanente, no proveerles ningún tipo de atención médica, transmitirles información tendenciosa respecto del fracaso de la huelga. Además, al momento de las visitas, los huelguistas son mezclados con otros detenidos que desayunan, almuerzan y meriendan de modo habitual, lo que genera una situación de peligrosa incomodidad.

La última cárcel federal en incorporarse a la medida de huelga, luego de sucesivas asambleas, había sido la Unidad Penal N° 1 de Villa Devoto, con la totalidad de su población carcelaria, 1.600 detenidos. Quedaron exentas de la medida las personas mayores de 50 años y enfermos de HIV, diabetes, etcétera. El petitorio había sido el mismo que el redactado en La Plata, con la incorporación de algunas cuestiones relativas a los detenidos extranjeros y ciertas diferencias puntuales entre la legislación federal y la provincial. Pero luego de iniciada, la huelga fue suspendida por los detenidos de Devoto quienes confirmaron que la retornarán el próximo día 12 de abril (ver "Comunicado desde Devoto"). De este modo, se sumarán nuevamente a las unidades que mantienen el reclamo tanto en el ámbito provincial como federal.

A pesar de todos los apremios mencionados, los distintos grupos, aislados por el SPB, continúan llevando adelante la medida. La situación general puede resumirse a partir del traslado como práctica sistemática de desestabilización, el abandono como doctrina de las divisiones médicas, la desinformación y el diálogo pernicioso como cotidiana operación psicológica de los guardiacárceles, y el repentino desvaine de una feroz reprimenda, como única cosecha de esa minuciosa siembra de rencor e impotencia.

A la oscura luz del testimonio viviente que encarnan todas estas personas flageladas por intentar organizarse en función de modificar la realidad que viven, difícil es encontrar rastros de una aplicación real de aquellos solemnes pactos y declaraciones universales. No es necesario mirar ni muy atrás ni muy lejos para encontrar muestras del funcionamiento intacto del aparato represivo del Estado.

Todo el desgastante y arbitrario arsenal del SPB parece haber sido puesto a la órdenes de la disolución de una medida de protesta que -en realidad- apunta sus cañones al poder judicial, vía el poder legislativo. Cuando se exige el control de convencionalidad y constitucionalidad no se trata de otra cosa que no sea el respeto y el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en los Pactos Internacionales, asumidos por nuestro país, y de la Constitución misma.

Redacción La Cantora

Todos los casos de violación a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad mencionadas en esta nota fueron derivados al Comité contra la Tortura que junto con la Asociación Civil La Cantora le dio curso legal de manera inmediata. Cada uno de los casos fue presentado ante los Tribunales correspondientes, los que, pese a estar informados, aún no intervinieron ni siquiera en los hechos de mayor gravedad explicitados en estas líneas.